¿Quién gestiona la crisis de València?

Desde el jueves 31 de octubre por la tarde, circulan a través de redes sociales numerosas publicaciones de la entrevista en el programa La Selva, de 3Cat, en la que Rafael Esteban, oficial del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) del cuerpo de Bombers de la Generalitat de Catalunya lamenta que hay un dispositivo preparado para dar apoyo a las operaciones de rescate en Valencia por las destrozas causadas por la DANA, pero que todavía están a la espera de respuesta por si los requieren. El dispositivo, con sesenta efectivos, se ha puesto en marcha finalmente durante la tarde del viernes día 1 de noviembre.

A estos mensajes se han sumado críticas de partidos políticos, organizaciones militares e, incluso, sindicatos de bomberos de la propia Comunitat Valenciana. Algunos apuntan al gobierno valenciano, dirigido por Carlos Mazón; otros, al ejecutivo central, de Pedro Sánchez, como responsables de frenar un dispositivo de rescate en el que los muertos no dejan de aumentar.

Este viernes, a fecha de publicación de este artículo, la cifra total de víctimas por las inundaciones ha pasado de 150 a más de 200, mientras vecinos y representantes públicos de localidades como Alfafar o Sedaví alertaban de que no habían recibido todavía ningún dispositivo de emergencia días después del paso de la tormenta.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por ejemplo, ha recriminado al gobierno estatal no haber movilizado al ejército, aunque el 31 de octubre ya llegaron 1.700 militares a territorio valenciano y, entre el 1 y el 2 de noviembre, se prevén 1.000 efectivos más. ¿Cómo funcionan estos dispositivos según la ley? ¡Te lo explicamos!

Cómo funciona un dispositivo de rescate

En situaciones de catástrofes medioambientales, la Norma Básica de Protección Civil establece, en el capítulo séptimo, cuatro niveles de alerta. En los dos primeros (0 y 1) refieren a situaciones que una comunidad autónoma puede gestionar solamente con sus propios recursos. Desde el 29 de octubre, en las provincias de Valencia y Castellón está declarado el nivel 2 del Plan de Emergencias, que implica que la catástrofe afecta únicamente a esta comunidad autónoma y que el gobierno del territorio sigue teniendo la responsabilidad de gestionar la situación de crisis, pese a que «puede requerir la asistencia de medios de otras administraciones públicas, en particular, de la Administración General del Estado» (artículo 7). La petición y aceptación de ayuda de otras comunidades autónomas, pues, depende del gobierno autonómico.

En cambio, para incorporar efectivos del ejército y aceptar la ayuda de otros países, como la que ha ofrecido, por ejemplo, Francia, el gobierno autonómico debe pedirlo explícitamente al Ministerio del Interior, ya que es competencia de este último movilizar los recursos si la autonomía así lo requiere, según marca el Sistema Nacional de Protección Civil (artículo 34). Es decir, dada la situación operativa actual, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solamente pueden movilizar recursos ajenos a la Comunidad Valenciana si el Ejecutivo de Mazón así lo requiere.

La situación operativa de nivel 3, la más elevada, está pensada para «emergencias de interés nacional» o que afecten a varias comunidades autónomas, e implica que el gobierno central asuma toda la responsabilidad y la coordinación de los operativos. Este nivel se puede declarar tanto a petición de la comunidad autónoma, como por imposición del ministro del Interior, o si el gobierno español declara el estado de alarma, excepción o asedio (artículo 28). Por lo tanto, para poder elevar la coordinación de esta operación a Madrid, el Gobierno central tendría que suspender unilateralmente competencias en la Comunidad Valenciana.

Los planes, en cualquier caso, se rigen por el “principio de coordinación única” que, en el momento de publicar este artículo, recae en  la Generalitat Valenciana, que tiene su propia normativa y también tiene varios niveles de alerta. Mazón no ha declarado la «emergencia catastrófica”, el máximo que prevé su legislación y, por lo tanto, no ha asumido personalmente la dirección única del dispositivo. En la situación actual, el Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI) depende de la consejería competente en protección civil, actualmente, la de Justicia e Interior. Es este departamento, por ejemplo, quien ha firmado la última disposición general (del 1 de noviembre) que obliga a cortar carreteras para poder acceder mejor a los lugares afectados. 

El plan prevé que si la situación, “por su especial extensión o intensidad particularmente graves, y mientras no sea declarado por el Estado el interés general o en uno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica. Esta declaración supondrá la asunción por parte del presidente del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia” (Artículo 12.4). Ni al boletín oficial de la Generalitat Valenciana ni a través de ningún cauce de comunicación oficial consta esta declaración.

Cuántos efectivos hay desplegados en Valencia

En una declaración institucional el 2 de noviembre, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado el envío de 5.000 nuevos efectivos del Ejército a la zona afectada como respuesta a la petición hecha este mismo sábado por la mañana del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. «Hoy [sábado, 2 de noviembre] llegarán 4.000 efectivos adicionales de las unidades militares a la provincia de Valencia y a primera hora de mañana [domingo, 3 de noviembre], llegarán los 1.000 restantes», ha concretado Sánchez.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo estatal ha notificado la incorporación de 5.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil (minuto 32:00), «para sumar un total de 10.000» efectivos de ambos cuerpos policiales a las tareas de rescate en la provincia de València. «Estamos hablando del mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las fuerzas armadas, que se haya hecho jamás en nuestro país en tiempos de paz», ha subrayado Sánchez.

A estos efectivos anunciados, hay que sumar los «más de 2.500 efectivos militares, 18.000 policías nacionales y 2.700 guardias civiles, así como varios grupos especializados en salvamento y actividades subacuáticas» (minuto 29:24) desplegados en las últimas 48 horas en la zona afectada a raíz de las distintas peticiones de Mazón entre el martes 29 y el jueves 31 de octubre.

Actualmente, pues, el Ejército tiene a 6.200 efectivos sobre el terreno y se prevé la llegada de 1.000 dispositivos más el domingo, 3 de noviembre, por la mañana. «Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar recursos o pueblos, se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso», ha insistido Sánchez.

Con la incorporación ayer, 1 de noviembre, de los primeros efectivos de las Fuerzas Armadas en la provincia de València, Mazón agradeció en rueda de prensa el «despliegue rápido» de los efectivos. «Según vamos radiografiando las necesidades, se van incorporando», aseguró el presidente autonómico. «Lo que quiero agradecer es la predisposición, porque a medida que se reclaman, vienen», añadió, en referencia a las numerosas ofertas de participación en las operaciones de rescate de distintos cuerpos.