No es preciso que “el 90%” de los extranjeros que dicen ser menores sean mayores de edad: la cifra es de un caso muy concreto

Ignacio Garriga, secretario general de Vox en Catalunya, afirmó en una entrevista en TRECE TV(minuto 7:20) que, en Aragón, “el 90%” de los “supuestos menores” son mayores de edad. Esta afirmación está siendo frecuente en boca de diferentes miembros del mismo partido político. Santiago Abascal, líder de la formación, aseguró en OkDiario que “en Aragón llegaron y, después de las pruebas biológicas, eran mayores de edad”. Lo mismo defendió José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, en una rueda de prensa.

Es ENGAÑOSO. El dato que defiende Vox sale de una noticia del Heraldo de Aragón publicada en enero, donde se hace referencia específica a que el 90% de las personas llegadas de Canarias a quienes se les había practicado la prueba biológica eran mayores de edad. La cifra no habla, por tanto, de todos los menores llegados a la comunidad procedentes del archipiélago. De hecho, corresponde solo a aquellos que habían sido considerados mayores de edad en un primer momento, pero que, al llegar a Aragón, dijeron ser menores y fue necesario hacerles la prueba, según explica a Verificat el Instituto Aragonés de la Seguridad Social (IASS).

Actualmente, tal como ha confirmado el IASS a Verificat,  Aragón tutela a 309 menores, de los cuales 134 son migrantes no acompañados, entre los que destaca una gran parte de ucranianos desplazados por la guerra con Rusia. Todos ellos tienen la minoría de edad acreditada, sea porque llevan una documentación que así lo demuestra o, en el caso de los menores procedentes de Canarias, por pruebas periciales hechas directamente en el archipiélago a su llegada.

«En Aragón el 90% de esos supuestos menores luego resulta que no son tan menores, sino que son mayores de edad»

Ignacio Garriga, Vox

No todos los menores que llegan solos se someten a pruebas de edad. El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón explica a Verificat que “la mayoría de las veces vienen acreditados de antes” y, por tanto, no son necesarias las pruebas biológicas, puesto que no hay dudas de que se trata de menores de edad. En el caso que refleja el Heraldo de Aragón y según explica el IASS, esas pruebas se realizaron a “menores sobrevenidos de Canarias”, es decir, a personas calificadas en principio como mayores de edad en el archipiélago, que se acogían al programa de Atención Humanitaria, pero de las cuales existieron dudas razonables de que pudieran ser menores al llegar a otra comunidad. Esto implica que hubo al menos un 10% de menores que habían sido acogidos previamente en programas para mayores de edad.

En cualquier caso, ni todos los menores no acompañados de Aragón han visto determinar su edad a través de una prueba pericial encargada por el fiscal, ni tampoco todos los que acoge la comunidad autónoma proceden de Canarias. Por tanto, dicho porcentaje en ningún caso representa al total de menores llegados a Aragón y son atendidos por los correspondientes Servicios Sociales.

Canarias es actualmente la principal puerta de entrada de la inmigración a España y, por tanto, es en gran medida donde la policía hace una primera recepción de los migrantes. La diferenciación entre mayores y menores de edad es uno de los pasos de este proceso, clave porque el procedimiento de acogida difiere entre ambos grupos. En caso de que la persona llegue sin acreditación y la policía considere que hay dudas razonables sobre su mayoría de edad, puede proponer a la Fiscalía pruebas periciales. Aun así, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del archipiélago canario ha denunciado la imprecisión en ambos sentidos: menores que son catalogados como mayores de edad y viceversa.

¿Quién pide las pruebas y cuándo puede hacerlo?

El Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, aprobado en 2014, es el texto que regula los procedimientos que involucran a menores sin acompañamiento. Respecto a las pruebas, el texto recoge que se han de realizar “en el plazo más breve posible” tras haber sido reconocidos por la Policía. Por ejemplo, tal y como explican desde el IASS, los menores que son trasladados de Canarias ya no requieren de la realización de ninguna prueba, puesto que ya se les ha hecho en otra autonomía.

La regulación vigente especifica en su capítulo V que el Ministerio Fiscal ordenará la realización de pruebas en caso de que, cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a los menores, estos se hallen indocumentados y, además, consideren que  “su minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad”. Sin embargo, el Fiscal correspondiente puede solicitar la presencia del menor previamente a ordenar la realización de las pruebas si lo considera oportuno. 

Asimismo, también es posible realizar pruebas aunque presenten documentos de identidad si se cree que pueden haber sido falsificados o que no se corresponde en – de forma “patente, evidente e indubitada”- con “la apariencia física del interesado”. De hecho, ha habido casos en los que, tras las pruebas médicas, se ha considerado la mayoría de edad de una persona pese a presentar un pasaporte y certificado de nacimiento de sus países de origen, lo que, a su vez, ha generado dudas sobre la precisión de las pruebas. Los exámenes que se realicen miden el grado de maduración ósea a través del análisis del tercer molar o una radiografía de la clavícula.

Estas pruebas médicas han sido cuestionadas por distintas organizaciones humanitarias y del tercer sector por su discrecionalidad. La revista científica Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos hablaba en 2021 de un margen de error que podía ser de hasta dos años. Gabriela Poblet, investigadora y profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) explica a Verificat que las pruebas también han sido criticadas por ser invasivas y vulnerar la intimidad de los menores, además de por la posibilidad de generar efectos secundarios en la salud física o psíquica del menor. Igualmente, por tomar medidas de referencia propias de personas europeas o por la burocracia que suponen, que bloquea las posibilidades del menor en el país hasta que se confirma su edad.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha considerado que España ha violado 14 veces los derechos humanos a través del procedimiento de determinación de la edad de los menores no acompañados.