Las principales narrativas de los partidos españoles y catalanes en la campaña de las elecciones europeas

Analizamos al detalle las intervenciones de los candidatos en entrevistas y debates

Analizamos al detalle las intervenciones de los candidatos en entrevistas y debates

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Una vez celebradas las elecciones europeas es momento de echar la vista atrás y evaluar las narrativas y argumentos más utilizados por los partidos españoles y catalanes en los meses de precampaña y campaña electoral. El debate en España y Catalunya ha reflejado bastante bien la realidad que los más de 40 fact-checkers europeos que han participado en el proyecto Elections24Check han dibujado a nivel continental: las guerras y la política regional han sido las máximas protagonistas.

Lo local ha superado a lo continental en gran parte de la Unión Europea, y España no ha sido diferente: el empleo y la situación económica del país, el acceso a la vivienda, la Ley de Amnistía y la guerra de Gaza han marcado el tono de los debates y han edificado las principales narrativas que los partidos han utilizado en campaña. En este artículo desgranamos los principales argumentos utilizados por cada partido, y apuntamos los principales temas que han venido acompañados de desinformación. La metodología que hemos seguido la podéis consultar aquí.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

La candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, es, también la vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por lo cual ha centrado su discurso y las narrativas en la tarea hecha desde el Ejecutivo y en los hitos logrados durante los mandatos de Pedro Sánchez. Sobre todo, en materia de derechos sociales y de ocupación. Por lo que respecta al candidato del PSC, Javi López, ha aprovechado también estos datos y ha sacado pecho. También lo ha hecho de la aprobación de la Ley de amnistía como cierre de una etapa en Catalunya, con la victoria de Salvador Illa como punto de inflexión.

Una reducción “histórica” del paro

Las dos grandes premisas sobre los hitos conseguidos por el gobierno en coalición del PSOE y Sumar, sobre las cuales ha girado el discurso de los candidatos socialistas, son la creación de ocupación en Europa y la reducción “histórica” del paro en España.

A escala estatal, es cierto que se ha reducido el paro y que ha habido récord de afiliados a la seguridad social, llegando a los 21,1 millones. Ahora bien, España lidera todavía el paro en la zona euro, con un 11,7%, de acuerdo con los últimos datos del Eurostat, a pesar de registrar una tendencia a la baja. La media en la zona euro es del 6,5%, y de un 6% en la UE.

El paro juvenil, en un 26,5%, también dobla el porcentaje de media de la Unión Europea (14,1% zona euro y 14,4% UE) y lidera la tabla. De hecho, España se ha situado entre los tres primeros estados con más paro el 90% de las veces desde que entró a formar parte de la UE en 1986, tal como ha explicado Newtral. Las causas son multifactoriales y están ligadas a la transición de la educación al mercado laboral. En otros países se accede sin ninguna experiencia previa, hay políticas de ocupación centradas específicamente en la juventud y no tienen un sector productivo principalmente enfocado al turismo como el español, hecho que provoca un desajuste entre los demandantes con formación universitaria y la oferta ocupacional que encuentran.

Por otro lado, España sí que es el país que más ocupación ha creado en la Unión Europea durante el último trimestre de 2023. Si lo comparamos con el último del 2022, según los últimos datos que han sido publicados, ha creado casi cinco de cada diez lugares de trabajo de toda la UE (48,9%).

La excepción ibérica como causa de la baja inflación

Otro de los temas recurrentes del PSOE en debates y entrevistas ha sido que España mantiene la inflación más baja de Europa gracias a la aprobación de la medida conocida como “excepción ibérica”, que consistió en poner un tope al precio del gas para producir electricidad.

Esta medida, vigente hasta el 31 de diciembre del 2023, supuso, indirectamente, limitar el precio de la electricidad producida en el mercado mayorista, y favoreció que España y Portugal tuvieran los precios de luz más bajos de toda Europa. El final de la bonificación llegó después de que la Comisión Europea rechazara una nueva prórroga.

Ahora bien, es engañoso considerar la medida como el único factor que contribuyó a reducir la inflación. El Banco de España apuntaba en un informe de 2022 que fue el conjunto de medidas energéticas puestas en marcha, y no solo la excepción ibérica, las que contribuyeron a la contención de la inflación. Concretamente, el documento cita la reducción de los tipos del IVA de la electricidad y del gas, y los descuentos aplicados a los precios de los carburantes.

En cuanto a la inflación, España sí que se situó hace un año entre los países con un porcentaje más bajo. En mayo del 2023, la inflación era de un 2,9%, solo por encima de Bélgica y Luxemburgo. Ahora bien, un año después, se encuentra al 3,8%, 1,2 puntos por encima de la media de la zona euro y solo por debajo de Bélgica, Croacia y Portugal, de acuerdo con los datos del Eurostat.

Partido Popular (PP)

La jefa de lista del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha participado en los debates del Grupo PRISA y de RTVE, pero, en cambio, no fue al de 3Cat, ni tampoco participó en la entrevista de la televisión pública catalana. Tanto la jefa de lista como el resto de candidatos que han representado a la formación en los medios durante esta campaña han condensado sus discursos en tres ejes: la Ley de amnistía, la situación económica de España (centrándose en la pobreza y el paro) y las protestas agrarias.

Ley de amnistía

El Partido Popular también ha hecho de Catalunya uno de los temas estrella en campaña. Cómo en el caso de Junts, la Ley de amnistía ha sido central, pero desde un punto de vista opuesto. Los candidatos han centrado sus reproches en los socios del gobierno de coalición en España y en el papel del presidente del gobierno español en la Ley de amnistía. Desde el Partido Popular, han señalado que la normativa es inconstitucional porque, aseguran, incumple el artículo 2 de la Carta Magna.

La Ley de amnistía fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 30 de mayo, y publicada el 6 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) y, por lo tanto, en unos días se publicará también en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el momento en que se publique, quedarán levantadas automáticamente las órdenes de detención. Aun así, varios partidos políticos con representantes autonómicos y municipales han amenazado con denunciar la ley, y han circulado rumores sobre la intención del juez de la causa contra el expresidente Carles Puigdemont de denunciar también la ley por inconstitucional una vez tenga que resolver. Este hecho podría atrasar la aplicación.

Aumento del paro y de la pobreza infantil


Los candidatos populares han utilizado los datos del paro, sobre todo el juvenil, respecto a Europa para criticar la acción del gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Igualmente, han apuntado en repetidas ocasiones que la tasa de pobreza infantil española es de las más altas de la Unión Europea.

En cuanto a los datos de pobreza infantil, de acuerdo con el primer informe del Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024 que elabora UNICEF, España es el país comunitario con la tasa de pobreza infantil más elevada. Es decir, de los 20 millones de niños en riesgo de pobreza que hay en la UE, más de 2 millones (un 28% de la población infantil y adolescente española) viven en el Estado. España, desde su adhesión, ha oscilado entre las tres primeras posiciones y, desde el 2021, ocupa la primera.

El último informe de Plataforma por la Infancia que analiza la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el INE, pero enfocada a la infancia, establece que el 6,9% de los menores de 18 años –es decir, 554.000 niños y adolescentes españoles–, no tienen la capacidad de consumir una alimentación que incluya proteína animal al menos cada dos días y que, por lo tanto, experimentan una nutrición deficiente. El mismo análisis explica que 2,7 millones de niños y adolescentes españoles (el 34,1%) no pudo ir de vacaciones una semana en 2023.

Respecto al paro juvenil, los datos del Índice de Capacidades Económicas 2018-2023 muestran que los jóvenes han recuperado el nivel de desarrollo económico previo a la pandemia de covid-19, sobre todo en cuanto a los indicadores que tienen que ver con el trabajo.

El paro juvenil en España, sin embargo, es el más bajo desde el cuarto trimestre del 2008, situándose, el primer trimestre de 2024 en un 27,7%. Aun así, España es el primer país de la Unión Europea con más paro juvenil. El 2023, cerró con una tasa del 28,36%, según el INE, y los últimos datos del Eurostat sitúan el país al frente del paro juvenil en Europa, un lugar que se ha ido intercambiando con Grecia, que, a estas alturas, ocupa la segunda posición. La media de paro juvenil en los 27 países miembros de la UE es de 14,7%. Este dato, sin embargo, no depende de quién hay a la Moncloa porque España se ha situado entre los tres primeros estados con más paro el 90% de las veces que entró a formar parte de la UE, en 1986, tal como ha explicado Newtral.

Protestas agrarias

Las reivindicaciones del campesinado de este primer semestre del año han entrado en campaña y, a veces, han ido acompañadas de desinformación. El PP, pero también Vox y, en menor grado, Ciudadanos, han utilizado las demandas del sector primario (menos burocracia y cláusulas espejo que pongan las mismas condiciones de producción a los alimentos de terceros países) para insinuar que los productos que provienen de fuera, especialmente de Marruecos, no tienen las mismas condiciones de seguridad alimentaria que los que se producen dentro de la UE. De hecho, Montserrat afirmó en el “Cara a cara” de La Sexta con Teresa Ribera que el gobierno socialista permite la entrada de fresas con hepatitis A.

Las frutas y verduras que provienen de terceros países han de cumplir con las mismas condiciones de comercialización que las comunitarias. Estos alimentos tienen que garantizar los Límites Máximos de Residuos establecidos y que estos fitosanitarios no estén prohibidos entre los 27 por motivos de salud pública. En otras palabras, hace falta que se cumplan las condiciones para que su consumo sea seguro de acuerdo con los parámetros europeos.

Igualmente, si se detecta algún producto que podría suponer un potencial peligro, se envía una notificación al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, por sus siglas en inglés) y, si se considera conveniente, se toman medidas. Gran parte de los productos peligrosos son detectados en la frontera y, por lo tanto, no llegan a las estanterías de las tiendas. Hay que destacar, por otro lado, que las notificaciones de alerta mayoritarias en España provienen del mismo Estado y que Marruecos, en 2024, está en la novena posición en la lista de orígenes geográficos de las notificaciones.

Ciutadans

Jordi Cañas, cabeza de lista por Ciudadanos, ha centrado sus discursos en campaña en relacionar la contaminación que produce China con la pérdida de músculo de la industria automovilística española y en poner en duda la nueva Política Agraria Común (PAC) a causa de los requisitos medioambientales que se prevén.

Protestas de los agricultores

Las reivindicaciones del campesinado han cogido, también, la narrativa de Ciudadanos. En este caso, pero, la cabeza de lista se ha centrado en la “burocracia” que ha añadido la nueva PEC a los agricultores para poder acceder a las ayudas, así como en las exigencias medioambientales que se contemplan.

Las que han causado mayor rechazo entre las principales organizaciones agrarias son:

  • La exigencia de diferentes certificados para obtener las ayudas y del cuaderno de campo y libro de explotación digitales. Las principales organizaciones de agricultores están en desacuerdo con esta medida, al creer que no cuentan con suficiente apoyo desde las administraciones para implementarla. Esta medida, que tenía que empezar a aplicarse de forma progresiva desde septiembre de 2024, finalmente se ha eliminado porque depende de España.
  • El cumplimiento total de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM) para obtener ayudas de la PEC que proponía, entre otras, la obligatoriedad de dejar en barbecho un mínimo del 4% de las tierras cultivables de la explotación agraria. Esta es una de las medidas que más críticas ha recibido, por lo cual, ya a finales de enero, la Comisión la dejó como voluntaria a discreción de los agricultores. Como alternativa, es posible sembrar cultivos que fijen el nitrógeno, como las lentejas o los guisantes, o cultivos intermedios en un 7% de las tierras cultivables. En otras palabras, que entre los dos cultivos principales se introduzca la siembra de forraje para los animales o que sirva para abono verde.
  • El establecimiento, también, de una nueva modalidad para recibir ayudas directas, los ecoregímenes. Son, esencialmente, prácticas relacionadas con la agricultura de carbono o la agroecología, es decir, aquellas que buscan mejorar la estructura de los suelos y reducir la desertificación; y favorecer la biodiversidad o la conservación de los recursos naturales, entre otros. A pesar de ser prácticas aplicables de forma voluntaria, estas ayudas directas suponen un 25% del total que se otorgan, por lo cual, en la práctica, es necesario aplicar alguna de ellas.

China contamina más que nadie

La entrada de China en el mercado del vehículo eléctrico europeo ha sido una de las principales líneas argumentales de Cañas durante la campaña. En su opinión, esto supone un contrasentido en términos climáticos porque la Unión Europea acaba importando vehículos producidos en un país que tiene unas emisiones de gases invernadero (GEH) muy superiores a las de Europa.

El candidato de Ciutadans ha repetido prácticamente en cada intervención que China emite el 35% del CO₂, mientras que Europa solo contribuye en un 8%. Los datos son ciertos en términos absolutos, tal como se desprende de los análisis de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), pero la diferencia de emisiones se acorta radicalmente si miramos las emisiones per cápita. China emite ocho toneladas de CO₂ por habitante, por los 6,2 de la UE. Otros países como los Estados Unidos o Arabia Saudí doblan la contribución china por habitante.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las emisiones del gigante asiático crecen cada vez más despacio. Su dependencia del carbón se reduce año a año, tal como explicamos en 2022.

También es cierto que China es el principal exportador de vehículos eléctricos. Las exportaciones chinas supusieron la mitad de los coches eléctricos vendidos en 2023 al mundo. En la Unión Europea, han representado cerca del 20% de las ventas de los últimos tres años, y la previsión es que esta cifra aumente hasta el 25%, según Transport & Environment, un conglomerado de ONG especializadas el impacto medioambiental del transporte europeo.

Aun así, China es el principal exportador de coches de todo tipo, y los eléctricos solo suponen un 25% de estas exportaciones, según un informe de la IEA.

Podemos

Un genocidio en Gaza

La candidata de Podemos, Irene Montero, ha defendido y llevado como lema de campaña la apuesta por la paz. En este sentido, ha repetido en entrevistas y debates que Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. La Corte de Justicia Internacional todavía no ha emitido una sentencia por genocidio contra Israel, pero en una resolución de enero de 2024, expuso que era “plausible” que este Estado estuviera cometiendo “actas de genocidio”, vulnerando así el derecho internacional y cometiendo un crimen contra la humanidad. La defensa de esta postura ha ido muy ligada, también, al reconocimiento del Estado Palestino por parte del gobierno español el pasado 28 de mayo, hecho que también aceleró el debate sobre el posicionamiento de España ante el conflicto.

La candidata de Podemos también ha puesto sobre la mesa los riesgos de la economía de guerra. Montero ha asegurado que España está participando en este conflicto como “país de tráfico de armamento destinado a Israel”, un hecho por el cual la comunidad Palestina de Catalunya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Estado ante la Audiencia Nacional. El caso todavía está en trámite, pero ha servido a Montero para hacerse eco de su posicionamiento contra el aumento de gasto militar.

Sumar

Un genocidio en Gaza

Estrella Galán, candidata de Sumar a las elecciones europeas, ha denunciado, igual que otras candidatas, que las acciones militares de Israel en Palestina están perpetrando un crimen contra la humanidad: un genocidio. Habrá que esperar la resolución final de la Corte Internacional de Justicia, que ya ha dicho que es “plausible” que se esté produciendo este crimen. Desde una perspectiva histórica, entre que se han dado los hechos constitutivos de genocidio y el momento en que se han condenado como tales, han llegado a pasar décadas. Jaume Asens, candidato de Comunes Sumar, también ha incidido en esta narrativa durante sus intervenciones, especialmente, en el debate de 3Cat.

Pacto europeo de asilo

Sumar ha puesto el foco en como el pacto de asilo aprobado el pasado 14 de mayo de 2024 en la Unión Europea deja, según defienden, el derecho de asilo, precisamente, en “papel mojado”.

El Pacto sobre Migración y Asilo incorpora la voluntad de establecer criterios de otorgamiento del asilo homogeneizados entre países, así como una “distribución” de los migrantes entre los estados miembro. Además, otra de las medidas más controvertidas es la aceleración en los procesos de revisión de las solicitudes de asilo a través de “procedimientos fronterizos”, tal como explica la Comisión Europea. Esto, sin embargo, puede suponer choques con los derechos humanos, según han advertido algunos expertos como Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid: “si tienes expulsiones rápidas no tienes tiempos de estudiar los dosieres de las personas que puedan solicitar el asilo”.

Vox

Las narrativas de Vox, tanto de su cabeza de lista, Jorge Buxadé, como del candidato por Catalunya, Juan Carlos Girauta, han girado alrededor de discursos que ligaban la llegada de migrantes con varias situaciones, como por ejemplo la delincuencia o el acceso a las ayudas públicas. Igualmente, Vox ha destacado en todos los debates que el PP y el PSOE han votado lo mismo en gran parte de las legislaciones aprobadas por el Parlamento Europeo.

Vincular criminalidad con inmigración

Establecer causalidad entre inmigración y criminalidad es un argumento frecuente en los discursos de la formación y que también ha aparecido en esta campaña electoral, sobre todo, de la mano de la cabeza de lista, Jorge Buxadé.

En un estudio de 2019, se afirmaba que «la probabilidad de que un inmigrante con buenas oportunidades laborales sea delincuente no es mayor que la de un nativo en iguales condiciones». Es decir, que la condición de haber nacido en un lugar o en otro no explica que una persona cometa más o menos delitos.

Por otro lado, para analizar la relación entre ambas cuestiones, podemos tomar a Catalunya como territorio de referencia. A pesar de que hay una sobrerrepresentación de extranjeros en la estadística de criminalidad, menos de la mitad de los detenidos extranjeros fueron condenados, mientras que, en el caso de los españoles, acabaron condenados más de la mitad de los detenidos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022.

Además, Catalunya, como España, ha experimentado en los últimos años un aumento de la inmigración, pero la tasa de criminalidad no ha seguido la misma tendencia si comprobamos datos del Padrón Continuo y de la Tasa de Criminalidad (INE). Por lo tanto, no queda reflejada en este caso causalidad.

El PP y el PSOE votan el mismo en el Parlamento Europeo

Uno de los principales reproches de los candidatos de Vox es que, a pesar de defender posturas diferentes en los debates electorales y en comparecencias públicas, el PP y el PSOE acaban votando el mismo en el Parlamento Europeo. Es cierto, pero para que las iniciativas legislativas de la Unión Europea salgan adelante son necesarios grandes consensos.

En el Parlamento Europeo, las leyes se acostumbran a aprobar con más votos que la mayoría simple necesaria. Eso sí, el texto final se debate en las comisiones parlamentarias y los partidos políticos que tienen una fuerte presencia en la cámara pueden incidir más en los postulados. En cuanto a las votaciones en la Eurocámara, también es común que los grandes partidos pacten para asegurar su aprobación.

Tradicionalmente, populares y socialistas europeos llegan a un pacto al inicio de la legislatura para repartirse los altos cargos de la Unión Europea. La Comisión, que tiene funciones ejecutivas y la iniciativa legislativa, está formada por políticos de partidos diversos. Mayoritariamente, son el Partido Popular Europeo y la Alianza de Socialistas y Demócratas, pero también incluyen los Verdes-ALE, los autodenominados liberales, de Renovar Europa, o los Reformistas y Conservadores, familia política a la cual pertenece Vox​​.

Fronteras abiertas “de par en par”

La demanda de más restricciones a la inmigración que llega a Europa ha ido acompañada de una denuncia a un supuesto “descontrol” en las fronteras, que, según han afirmado desde la formación encabezada por Buxadé, se debe al hecho que Europa “ha abierto las puertas de par en par”.

Sin embargo, la UE tiene sus propios mecanismos de control de fronteras y flujos migratorios, tal como explicamos a Verificat. El presupuesto de la Unión entre 2021 y 2027 en materia migratoria dobla el del periodo anterior, y el destinado a Frontex, la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, presenta en 2024 la cantidad de dinero más elevada de su historia.

Además, cuando un inmigrante de terceros países llega a España, tiene derecho a solicitar asilo. Si no se le concede el estatus de refugiado, se ordena su devolución. El 2022, 431.200 ciudadanos de países no pertenecientes en la Unión Europea recibieron la orden de abandonarla, un aumento del 27% respecto a 2021, según datos de la Comisión Europea.

Desde Vox también han defendido aplicar las “expulsiones inmediatas”, que ya se han llevado a cabo en España en otras ocasiones y han sido avaladas por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aun así, estas expulsiones “no permiten diferenciar potenciales refugiados de otros perfiles, puesto que a todos se los devuelve sin atender sus peticiones ni darlos audiencia”, explica David Moya, experto en Derecho Constitucional. El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe las expulsiones colectivas y protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados en un Estado en el cual tengan un grave riesgo de pena de muerte, tortura y otras penas, o tratos inhumanos o degradantes.

Ahora Repúblicas – Esquerra Republicana (ERC)

Derecho a decidir, lengua catalana y amnistía

La campaña electoral de Esquerra Republicana de Catalunya, uno de los partidos políticos que integran la coalición Ahora Repúblicas, ha tenido como tema central la relación entre Catalunya y España y la representación de Catalunya en Europa, así como la lucha contra el cambio climático. Por un lado, ERC ha argumentado que el referéndum de autodeterminación que su formación plantea para Catalunya está contemplado al derecho internacional; y, por el otro, ha reforzado la idea que el texto de la Ley de amnistía, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados, está basado en el derecho europeo.

La candidata de ERC a las elecciones europeas, Diana Riba, también ha promovido durante la campaña el uso y la oficialidad del catalán a Europa. Esta cuestión ha sido relevante, porque el catalán ha comportado varios debates a lo largo de esta última legislatura europea, la novena, con el informe sobre la inmersión lingüística.

Medidas contra el cambio climático

Un punto importante en la campaña de ERC ha sido defender medidas contra el cambio climático. En la entrevista electoral a Las Mañanas de TV3 del pasado 5 de junio, aseveró que “el transporte aéreo es el que más contamina ahora mismo”. Esta afirmación resultó ser engañosa porque a pesar de que el dato es cierto por pasajero y kilómetro recorrido, no lo es en términos absolutos, donde el transporte por carretera es el principal foco de emisiones de gases de efecto invernadero (GEH).

Además, la contaminación puede referirse a otros ámbitos e impactos, como por ejemplo la polución del aire o la contaminación acústica. Tampoco hay pruebas que la aviación lidere estos indicadores a escala europea.

Junts por Catalunya – Lliures per Europa

Los representantes de Junts a los comicios europeos han centrado su discurso en la situación de Catalunya dentro de Europa, recuperando los términos que giran en torno a la independencia y estructurando su discurso alrededor de dos patas principales: el encaje de la amnistía en Europa y un referéndum legislado desde el derecho internacional.

Europa avala la amnistía

Una de las consignas más repetidas por los principales candidatos de Junts, Toni Comín y Aleix Sarri, es que la Ley de amnistía, que ha de permitir la vuelta de Carles Puigdemont a Catalunya, entre otras, no solo es legal, sino que está hecha de acuerdo con el derecho internacional y europeo. Esta premisa, la de si Europa aceptaba o no las condiciones que contempla la normativa, ocupó gran parte del debate previo a la votación de la ley.

La Comisión de Venecia y, concretamente, el dictamen que emitió el marzo pasado, fue el foco de declaraciones cruzadas y, en algunos casos, sesgadas. Este órgano es consultivo y no se posicionó sobre la constitucionalidad de la Ley de amnistía.

Por otro lado, la Ley de amnistía española recopila referencias a textos constitucionales de estados vecinos, como por ejemplo Italia, Francia o Portugal, donde ya se ha aplicado esta normativa. Así, el dictamen de la Comisión hace también un “análisis comparativo de las provisiones constitucionales y legislativas existentes sobre amnistías” en 54 estados miembros de la Comisión.

El informe define tres categorías, dependiendo de la forma en que los diferentes estados recogen la amnistía:

  1. En su Constitución
  2. La Constitución recoge los indultos, pero no la amnistía
  3. No hay previsiones constitucionales, pero la consideran aceptable y la han aplicado en ocasiones específicas y/o han reconocido su admisiblidad en su legislación.

La normativa estatal tuvo que adaptarse a las recomendaciones europeas con el acotamiento del delito de terrorismo y en la definición de lo que se entiende como delito de traición y contra la paz y la independencia. El segundo, se definía inicialmente por el Código Penal español y ha acabado adoptando aquello que recoge el derecho europeo.

El apoyo internacional al referéndum

Dentro del marco del papel que juega Europa hacia las decisiones que afectan el futuro territorial de Catalunya, Junts ha repetido también durante la campaña que, para celebrar un referéndum, no hace falta voluntad política española, sino que basta con ampararse en el derecho internacional.

El hecho es que no hay consenso en si el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, donde se reconoce el derecho de los pueblos a la “libre autodeterminación”, incluiría la celebración de un referéndum para decidir sobre su independencia.

Aun así, las Naciones Unidas han garantizado que 72 territorios no autónomos puedan encarar su futuro a través de este tipo de consulta, pero en este listado de 1942 no se incluye Catalunya.

En cuanto a los mecanismos reconocidos en España, la Constitución establece, en su artículo 92, la figura del referéndum consultivo, que se tiene que convocar a petición de la presidencia del Gobierno y contar con la mayoría absoluta en el Congreso para autorizarlo. La autodeterminación de un territorio del Estado no está prevista, por lo cual se tendría que modificar la Constitución, que implica tener el apoyo de tres quintas partes del Congreso, tal como se recoge en el artículo 167.

Coalición por una Europa Solidaria (CEUS)

Oihane Agirregoitia, candidata del PNV en el Parlamento Europeo y número uno de la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) –que aglutina el partido vasco, así como a Coalición Canaria, el Pi-Proposta por las Islas Baleares, Geroa Socialverds de Navarra y la Agrupación Atarrabia– ha centrado sus intervenciones en los debates electorales en los aspectos económicos y en la transformación de la industria para adaptarse a los desafíos del cambio climático, especialmente en materia de energías renovables. Se ha referido a menudo a los fondos Next Generation de la UE y en los Programas estratégicos para la recuperación y transformación ecológica (PERTEs) del gobierno español para la modernización industrial. Ha lamentado, por ejemplo, que los Estados Unidos hayan invertido más en innovación y tecnología que Europa, haciendo que esta pierda competitividad, una realidad que reflejan estudios recientes como el del Real Instituto Elkano. Agirregoitia ha hablado, sobre todo, de propuestas a futuro que, por su naturaleza, no son verificables.