La Unión Europea no ha abierto “sus puertas de par en par” para permitir la “inmigración descontrolada”: existen mecanismos de control de fronteras y flujos migratorios

La política migratoria y las fronteras están siendo una de las principales narrativas de cara a las elecciones europeas en el marco de un Pacto sobre Asilo y Migración recién aprobado. Diferentes plataformas de fact-checking de Europa han verificado mensajes políticos y virales en redes sociales que fomentan la idea de que la inmigración está “descontrolada” en la Unión Europea (UE). Desde que los inmigrantes ilegales de la UE serán deportados a España, a que Bulgaria ha firmado un protocolo para aceptar un número ilimitado de inmigrantes. Todas las verificaciones pueden consultarse en el portal Eu24Elections, donde más de 40 fact-checkers colaboramos para combatir la desinformación en el marco electoral.

En el caso de la política española, Jorge Buxadé, cabeza de lista de Vox, habló en un acto de partido de la existencia actual de «una política inmigratoria que ha abierto de par en par sus puertas [de Europa] y nos obliga a vivir atrincherados en nuestras casas». Asimismo, en otro acto, expresó que «la llamada a la inmigración ilegal masiva y descontrolada es ejecutar un plan», a la vez que Santiago Abascal afirmó que «desde Bruselas nos han obligado a abrir todas las fronteras».

Junto con un discurso que insinúa una Unión Europea (UE) sin controles fronterizos y que acoge a todo el que llega, las medidas recogidas en el programa electoral de Vox proponen que “el Frontex [la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas] se implique en la protección común de la frontera sur de Europa”. También demandan “expulsiones inmediatas”, acuerdos con “los países de tránsito” y que estos “acepten las devoluciones”. El propio Buxadé defendió en primera persona la “deportación masiva” de aquellos que acceden de forma irregular a la UE.

La Unión Europea no permite la entrada de todos los inmigrantes

Según datos de la Comisión Europea, en 2022 llegaron a la UE 326.217 inmigrantes de manera irregular, condición que el Parlamento Europeo define como “personas procedentes de países no comunitarios a través de las fronteras de la UE sin cumplir los requisitos legales de entrada, estancia o residencia”. Esto supone un 63,1% más que en 2021. Sin embargo, pese a que algunos partidos políticos ponen el foco en este tipo de migraciones, la realidad es que representan una fracción minoritaria del total de llegadas de migrantes a la UE: supusieron una de cada diez en 2022.

La UE no permite la entrada libre de ciudadanos de terceros países, sino que tiene unos procedimientos de control de fronteras y flujos migratorios, que se han visto reforzados con el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración, aprobado el 14 de mayo de 2024. En él destaca, entre otros, la uniformización de criterios por parte de los estados miembros a la hora de resolver peticiones de asilo.

Cuando una persona llega de forma irregular a la Unión, puede presentar una solicitud de asilo de manera que se le otorgue el estatus de refugiado o algún otro tipo de protección internacional. El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE prohíbe las expulsiones colectivas y protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados a un Estado en el que corran un grave riesgo de pena de muerte, tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Por tanto, este será el criterio legal para aceptar o no la solicitud de asilo.

En el conjunto de la Unión, en 2022 se registraron 958.800 solicitudes de asilo. La cifra fue mayor que en 2021 (creció un 51%), pero menos que en 2019 (cayó un 37%), antes de la pandemia de la covid-19. En el mismo período, se adoptaron 632.400 decisiones en primera instancia, resolviéndose como positivas el 49 % de estas. Sin embargo, tras las resoluciones es posible interponer recursos, y se resolvieron 217.500 más bajo esta situación, siendo positivas el 33,61%. Es decir, no se aprueban todas las solicitudes de asilo.

Cuando se rechaza una solicitud de asilo, la persona no puede permanecer en el espacio de la Unión Europea y se realizan órdenes de devolución y devoluciones efectivas a los países de origen. En 2022, 431.200 ciudadanos de países no pertenecientes a la UE recibieron la orden de abandonarla, un aumento del 27% respecto a 2021. En cuanto a devoluciones efectivas, es decir, cuando la resolución de expulsión se materializa, en 2022 fueron 73.600 ciudadanos de países no pertenecientes a la UE los que regresaron a un tercer país, un 18% menos que en 2021.

Frontex, la policía de las fronteras europeas

Además, en el presupuesto de la UE para 2021-2027 se prevén 22.700 millones de euros para la gestión de migración y fronteras, una cifra que dobla los 10.000 millones de euros que se destinaron en el período 2014-2020.

Por otra parte, el presupuesto destinado al Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se encarga de dar apoyo en la protección de las fronteras del espacio Schengen y de la UE, ha visto incrementar su presupuesto de forma constante desde que hay datos. 2024 es el año con más presupuesto de la historia.

Además de la protección de las propias fronteras europeas, la UE también invierte en “impulsar las economías locales para desalentar la emigración”, como con el programa EUTF en Marruecos o el acuerdo firmado en 2023 entre la UE y Túnez, que incluye financiación específica para la gestión de sus fronteras. Estos programas, sin embargo, han sido cuestionados por investigaciones como  un reciente reportaje de El País que refleja cómo se utiliza financiación europea para deportar inmigrantes en países de tránsito (Marruecos, Mauritania, Túnez) hacia zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África para evitar que viajen a Europa, una realidad que ONGs como Amnistía Internacional ya han denunciado en ocasiones anteriores.

Devoluciones en caliente

Vox también habla de “expulsiones inmediatas”, también llamadas “devoluciones en caliente”. En España se conocen técnicamente como “rechazos en frontera inmediatos con coacción administrativa directa y sin procedimiento”, tal y como explica a Verificat David Moya, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Migratorio en la Universidad de Barcelona. Estos procedimientos ya se aplican en las fronteras de Ceuta y Melilla. Básicamente, se trata de expulsar a la persona en el momento inmediato de haber cruzado la frontera, sin realizarle controles individualizados, como defiende el Real Decreto 557/2011, ni tener la posibilidad de impugnar el acto de expulsión a través de un recurso judicial, como recoge el Artículo 26 de la Ley de Extranjería.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló en 2020 este tipo de medidas en caso de que se produzcan “asaltos masivos” y si existen otras vías de entrada legales en el territorio. El Tribunal Constitucional (TC) español también dio el mismo año el visto bueno a estos procedimientos para los migrantes que traten de saltar las vallas de Ceuta y Melilla, aunque expuso algunos límites al expresar que “los cuerpos y fuerzas de seguridad deberán prestar especial atención a las categorías de personas especialmente vulnerables (los menores de edad, las embarazadas o personas de edad avanzada)”. Estos límites se vieron reflejados en la sentencia del Tribunal Supremo al confirmar que “la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal”.

Sin embargo, este tipo de expulsiones “no permiten diferenciar a potenciales refugiados de otros perfiles, pues a todos se les devuelve sin atender a sus peticiones ni darles audiencia”, explica David Moya. Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid, exponía enFrance 24que “si tienes expulsiones rápidas no tienes tiempo de estudiar los dosiers de las personas que puedan solicitar el asilo”. 

El control sobre la llegada de inmigrantes en el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración también se refuerza y crea “procedimientos fronterizos”. Tal y como explica la Comisión Europea, “se aplicarán a determinadas categorías de solicitantes de asilo (por ejemplo, a los procedentes de países con tasas de reconocimiento de asilo bajas)”. El objetivo es evaluar de forma más rápida si las solicitudes pueden admitirse.

Este artículo forma parte de un proyecto colaborativo de más de 40 organizaciones liderado por la European Fact-Checking Standards Network para combatir la desinformación sobre las elecciones europeas de 2024. Puedes conocer más a elections24.efcsn.com