La ganadería española cumple con la normativa europea, pero no reduce las emisiones de GEI desde hace más de una década

Durante estos días se ha escuchado comentar en las tertulias radiofónicas la reciente reivindicación de dos jóvenes activistas de ‘Futuro vegetal’, un colectivo de desobediencia civil que hace una semana irrumpió en el Congreso de los Diputados para pedir acabar con las subvenciones a la industria cárnica, uno de los sectores que más gases de efecto invernadero produce. 

En una de esas tertulias, en este caso durante el programa Estado de Alarma, un colaborador ha indicado que la reivindicación de las activistas “no es un discurso contra el cambio climático, sino contra la ganadería, una ganadería que en España […] cumple los estándares climáticos que dice la Unión Europea”. 

El razonamiento es engañoso porque no existen tales “estándares climáticos”, como tal, ni existe tampoco una normativa que regule la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero por sector. “La Unión Europea tiene objetivos generales para la reducción de emisiones para toda la UE y cada Estado miembro tiene objetivos de reducción de emisiones en virtud de la llamada decisión de reparto de esfuerzos, que cubre las emisiones totales de varios sectores económicos, incluido el transporte, edificios, agricultura…”, indica a Verificat Antti Kaartinen, responsable de prensa de la Agencia Medioambiental Europea (EAA, por sus siglas en inglés). Estos objetivos “se refieren a las emisiones totales de todos estos sectores por Estado miembro, sin objetivos específicos para cada sector”. Y añade: “No está claro a qué se refiere con esos estándares climáticos”. 

Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de Greenpeace España, refrenda a Verificat que “cuando la industria dice que cumple, cumple con las normativas que les aplican al sector ganadero. Es evidente que no se puede dar un permiso para poner una explotación ganadera si no cumple con la normativa que rige en el país y a nivel europeo”. 

Sin embargo, eso no significa que contribuya a la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) pactada por los países miembro. De media, los GEI se han reducido un 34,4% en España respecto a 2005 —no así respecto a 1990, en cuyo caso han aumentado un 0,26%—, y las procedentes de la agricultura y ganadería, que se recopilan de forma conjunta, se han mantenido prácticamente estables desde hace al menos 10 años.

La normativa medioambiental vinculada a la ganadería es una “de las más estrictas que hay en el mundo”, tal y como señala a Verificat Tomás García Azcárate, ingeniero agrónomo y economista agrario especializado en la política agraria común. “Es verdad que se cumplen todos los estándares europeos […] y estoy pensando en particular en antibióticos, en bienestar animal […] pero evidentemente el problema de los GEI de la ganadería está ahí”. 

Un sector cuyas emisiones no terminan de bajar

Pero que cumplamos con la normativa de la Unión Europea para la producción de carne no significa que estemos cumpliendo con “las necesidades que tenemos de la reducción de emisiones de GEI, por ejemplo, para afrontar la crisis climática”, recuerda Ferreimin. 

Unos estándares que, de momento, poco se acercan a los indicados por la Unión Europea, que se ha marcado como objetivo para 2030 la reducción de un 55% de las emisiones de GEI. Mientras tanto, España se ha comprometido a reducir un 23% sus emisiones respecto a las que emitió en 1990. 

Con todo, el sector agrícola mantiene prácticamente año tras año la cantidad de emisiones que produce y, dentro de estas, la mayor parte están provocadas por la ganadería; en concreto, alrededor de un 75%, según datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. 

En 2020, el agrícola fue el único sector que experimentó un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año anterior, colocándose así en el tercer sector más contaminante, produciendo un 14% del total, y situado por debajo del el transporte (27%) y la industria (20,8%). En 2021, las emisiones de la ganadería y la agricultura bajaron ligeramente, produciendo un 13,4% del total de GEI. 

Este aumento prolongado durante años de las emisiones se explica por un incremento de la producción de carne. Si consultamos, por ejemplo, las estadísticas respecto al cerdo, veremos cómo hemos pasado de producir 3,4 millones de toneladas de carne porcina en 2006 a 5,2 millones en 2020, según datos del Ministerio de Agricultura. Si consultamos el censo de ganado, en 2006 pasaron de estar censados 26.219 cerdos, a 34.454 en 2021. En otras palabras, España tiene menos explotaciones ganaderas que hace una década, pero con más cabezas de ganado. 

España abandera producción de carne porcina

Esta es una tendencia que presenta España, pero no el resto de países de su entorno: según los últimos datos disponibles del Gobierno, España lleva superando desde 2014 a Alemania tanto en el número de animales censados como de sacrificios, ya que mientras nosotros hemos crecido, ellos han descendido, convirtiéndose así España desde entonces en el primer productor de carne porcina de la UE. Así, actualmente España es la tercera productora mundial de porcino —número de cabezas de ganado—, después de China y Estados Unidos, y el segundo mayor exportador después de Estados Unidos.

Todo esto, teniendo en cuenta que la ganadería es uno de los mayores emisores a nivel global, según Naciones Unidas. Un informe publicado en 2020 por el IPCC, o Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la entidad científica líder en la evaluación del cambio climático, señala que alrededor de un 23% del total de emisiones de GEI antropogénicas entre los años 2007 y 2016 derivaron de la agricultura, la silvicultura —gestión de los bosques o montes forestales— y otros usos de la tierra, categorías en las que está englobada también la ganadería. 

Las causas abiertas de España con la justicia europea por la agricultura

Más allá del aumento de emisiones de GEI, la justicia europea sí tiene causas abiertas pendientes con España por los problemas medioambientales que causa la industria ganadera. En concreto, la presencia de las llamadas “macrogranjas” y el desarrollo tanto de la ganadería como la agricultura intensivas ha propiciado que se superen los umbrales permitidos de emisión de nitritos y de amoníaco, que pueden ser perjudiciales para los ecosistemas y para la salud de las personas. 

Paralelamente a las multas, que pretenden servir como mecanismo para que la UE alcance una contaminación cero para 2050, desde hace décadas existe en la UE lo que se conoce como Política Agrícola Común (PAC), que básicamente consiste en una serie de ayudas que concede basada “en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas en la agricultura”, indica el Ministerio de Agricultura, y que, efectivamente, contiene algunos requisitos vinculados con la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Desde 2023, además, la UE exige a los Estados Miembro a “contar con un Plan Estratégico de la PAC en el que se indiquen las intervenciones o medidas con las que se pretenden alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición del Pacto Verde Europeo”, y que España aprobó ya el pasado agosto de 2022.