La estafa de un inmigrante a los servicios sociales del País Vasco no se puede vincular a la totalidad de extranjeros
Las administraciones conceden ayudas a inmigrantes en igualdad de condiciones que a los españoles y solo un 0,46% de los casos en el País Vasco ha resultado en fraude. La mayoría de los beneficiarios de esta ayuda tienen nacionalidad española.
¿Qué se ha dicho?
El caso de un inmigrante detenido por estafar a los servicios sociales es solo la “punta del iceberg”, puesto que las administraciones facilitan que los extranjeros accedan a ayudas y esto provoca un efecto llamada.
¿Qué sabemos?
Las administraciones conceden ayudas a inmigrantes en igualdad de condiciones que a los españoles y solo un 0,46% de los casos en el País Vasco ha resultado en fraude. La mayoría de los beneficiarios de esta ayuda tienen nacionalidad española.
A raíz de la detención de una persona de origen extranjero por estafar un millón de euros a los servicios sociales del País Vasco, el presidente de Vox, Santiago Abascal, publicó un tuit en que afirmaba que esto solo era “la punta del iceberg” y que evidenciaba que “las administraciones dan todas las facilidades para que los extranjeros accedan a ayudas”. Además, el político añadió que esto provoca “un letal efecto llamada”.
"Solo es la punta del iceberg. Más allá de la estafa de este senegalés, lo relevante es constatar que las administraciones dan todas las facilidades para que los extranjeros accedan a ayudas. Y eso provoca (lo saben, y lo quieren) un letal efecto llamada."
El caso destapado por la policía vasca está relacionado con una red de falsificación de documentos y estafa en la cual participaron 23 personas de nacionalidad extranjera. Sin embargo, este fraude no se puede extrapolar a todas las personas extranjeras que reciben ayudas sociales, que representan uno de cada tres beneficiarios. Además, de las 51.149 personas que reciben la renta de garantía de ingresos (RGI) en el País Vasco, la policía ha detectado menos de 230 casos de fraude (0,46%), según informó Idoia Mendia, la vicelehendakari de Euskadi, en una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia. Sobre el efecto llamada, como ya explicamos, la migración es un fenómeno complejo que depende de muchos factores, no solo de medidas puntuales como una ayuda económica.
La Policía Nacional ha destapado una red de falsificación de documentos en el País Vasco que estaba dirigida por una persona de nacionalidad extranjera, según informó la Delegación del Gobierno en el País Vasco en una nota de prensa. El caso ha acabado con la detención de 23 personas originarias de Latinoamérica, el Sahel y el Magreb acusadas de organización criminal, estafa y falsedad documental por haber defraudado un millón de euros en ayudas sociales en el País Vasco. Los detenidos utilizaron documentos falsos para acceder a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda, unas ayudas para personas que no disponen de suficientes recursos y que gestiona el Servicio Vasco de Empleo.
Requisitos: residencia y empadronamiento
Todas las comunidades autónomas ofrecen prestaciones económicas condicionadas a la inserción laboral de aquellas personas con un nivel de recursos inferior a un umbral determinado, pero el nombre de la ayuda varía en función de la región. En Cataluña, por ejemplo, esta prestación recibe el nombre de renta garantizada de ciudadanía.
En el País Vasco, una persona que quiere optar a la renta de garantía de ingresos tiene que ser residente y haber sido empadronado en la comunidad autónoma ininterrumpidamente durante los tres años anteriores a solicitar la ayuda, según consta en la página web del Servicio Vasco de Empleo. Por lo tanto, las personas que se encuentran en situación administrativa irregular no pueden pedirla y aquellas que acaben de llegar al País Vasco, tampoco. En algunos casos, los plazos son más flexibles, como por ejemplo para las personas que reciben una pensión pública o han estado víctimas de maltrato doméstico, que tienen que acreditar solo un año de empadronamiento. También se pueden hacer excepciones si la persona ha sido empadronada al menos un año antes siempre que pueda acreditar cinco años de vida laboral remunerada o si ha sido empadronada de forma continuada cinco de los últimos diez años.
Aun así, según el último Informe de Rentas Mínimas de Inserción de 2020, el 2019 un 70,2% de las personas que recibían esta ayuda en el País Vasco tenían nacionalidad española y un 29,8%, nacionalidad extranjera.
Los inmigrantes no tienen más facilidades para pedir ayudas
La publicación de Abascal también vincula este tipo de fraude con las “facilidades” que, según dice, los extranjeros tienen para acceder a ayudas. Sin embargo, en España la población extranjera en riesgo de pobreza o exclusión social duplica la población española que se encuentra en esta situación, mientras que el 73,2% de las personas que reciben una renta porque no disponen de los recursos económicos mínimos para atender necesidades básicas son de nacionalidad española.
El 2020 un 22% de los españoles se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión ante el 58% de la población extranjera de fuera de la UE, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras son de la encuesta de condiciones de vida que realiza la INE y tiene en consideración aquellas personas que no llegan a un determinado nivel de ingresos, no pueden acceder a ciertos productos y servicios básicos o tienen una baja intensidad laboral o están al paro.
A pesar de esto, los usuarios de los servicios sociales son mayoritariamente de nacionalidad española (83,5%), según la Memoria del Sistema de Información sobre los Usuarios de Servicios Sociales de 2019.
Del mismo modo, la mayoría de personas que reciben una renta mínima por parte de su comunidad autónoma tienen nacionalidad española, un 73,2%, mientras que un 26,8% son extranjeras, según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2020 que publica el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Aun así, el informe del ministerio apunta que en algunas comunidades autónomas la tasa de extranjeros que perciben esta renta mínima es mayor que la tasa de españoles que la reciban. Por ejemplo, el 11,1% de los extranjeros residentes en el País Vasco son perceptores de esta renta ante el 2,3% de los españoles que viven en la comunidad. Ahora bien, el informe relaciona esta diferencia con el mayor riesgo de pobreza y exclusión en que se encuentran los inmigrantes.
No es la punta del iceberg: solo un 0,46% de los trámites resulta en fraude
El líder de Vox ha utilizado este caso de estafa para vincular los fraudes a la administración pública con las ayudas que reciben los extranjeros y ha asegurado que es solo “la punta del iceberg”. Sin embargo, el fraude en la renta de garantía de ingresos en el País Vasco es “ínfimo”, según afirmó Idoia Mendia, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Ocupación, en una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia (minuto 16:40).
La vicelehendakari apuntó que se habían detectado menos de 230 casos de fraude de los 51.149 perceptores de la renta de garantía de ingresos (abril 2022), el que supone un 0,46% de las personas que reciben esta prestación.