¿Somos más feministas que hace 25 años?

Las conquistas de derechos de las mujeres ocurren desde hace más de 100 años. El acceso a la educación por parte de las mujeres fue una de las principales reivindicaciones de los siglos XVIII y XIX, encabezado por mujeres como Mary Wollstonecraft. Asimismo, durante el siglo XIX también se logró el derecho a la propiedad en lugares como Reino Unido y Estados Unidos.

Como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que fue el pilar fundamental de la Revolución Francesa, la filósofa política Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791) como denuncia de la exclusión de las mujeres de los derechos proclamados en el primer texto.

El sufragio femenino llegó a Nueva Zelanda en 1893 y, a partir de ese momento, se extendió hacia otros países. En el caso de España, llegó en 1931 con la Constitución de la Segunda República.

Por otro lado, un punto histórico importante relativo a la consecución de derechos de las mujeres es también la ley del divorcio (1932), que se derogó en 1939 con la llegada de Franco. Tras la muerte del dictador, se puso fin a la tutela marital (1975), se reguló el acceso al mercado laboral de los hombres y mujeres en igualdad de condiciones (1976) y se despenalizó parcialmente el aborto (1983), en caso de violación, malformación del feto o riesgo grave para la salud de la madre. En 2010 se aprobó el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas y en 2022 se introdujo el Código Penal para que el consentimiento sea clave en los delitos sexuales. En 2023 se establecieron cuotas del 40 % en cargos de dirección y política.

Más allá de la consecución de derechos concretos, la elaboración de políticas con perspectiva de género se vio por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas, en 1945. Este fue uno de los textos legales pioneros en mencionar «la igualdad de derechos entre hombres y mujeres» y la «no distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión». También habla de una participación igualitaria en los órganos de participación de la ONU.

Las políticas públicas de igualdad tienen como objetivo corregir desigualdades de género en diferentes esferas, como la laboral, la jurídica, la legislativa, la salarial, entre otras. Pero su forma de hacerlo ha evolucionado y no siempre han perseguido el objetivo de la misma forma, según las tesis publicadas en el International Feminist Journal of Politics de la científica social Teresa Rees, reconocida internacionalmente por su investigación innovadora sobre las desigualdades de género en la educación, la formación, las políticas del mercado laboral y la política científica.

Mientras que en los años 70 se luchaba por la igualdad legal y la participación de las mujeres en los espacios públicos, en los 80 se puso en la palestra el punto de partida desigual entre hombres y mujeres (y se empezaron a aplicar cuotas), y en los 90 la idea predominante era la transversalidad, es decir, la necesidad de integrar la perspectiva de género en todas las políticas, independientemente de su objetivo. 

La igualdad en el ámbito legal

En el ámbito europeo, el Tratado de la Unión Europea (1992) reconoce la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y la igualdad de trato en el trabajo entre hombres y mujeres. Actualmente, destaca la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, que busca poner fin a la violencia de género, la brecha salarial de género o fomentar la igualdad en la toma de decisiones.

En España, la Constitución de 1978 aboga por la igualdad ante la ley y la no discriminación por razón de sexo. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue la primera normativa en España en abordar la violencia de género desde un enfoque integral. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres es la referente en el país en cuanto a garantizar y hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres: eliminar la discriminación de género en los distintos ámbitos de la vida, garantizar la igualdad salarial o integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

En Cataluña, la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 promueve la representación equilibrada de hombres y mujeres en las instituciones y órganos de decisión, así como la obligación hacia los poderes públicos de aplicar medidas para eliminar la discriminación de género. Igualmente, la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres también tiene como objetivo la igualdad de género en todos los ámbitos.

En 2018, los planes y programas contra la violencia machista aumentaron su presupuesto en un 687 % desde principios de siglo. Tras la crisis de 2008, había ocurrido lo contrario, había habido recortes en políticas de igualdad. La crisis no supuso una disminución del presupuesto de todas las políticas: seguridad ciudadana, política exterior, pensiones o industria y energía aumentaron su gasto entre 2008 y 2009, según datos del Ministerio de Hacienda.

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