El juez inhabilitado que acusa magistrados de tener cuentas en paraísos fiscales lo hace sin pruebas y está investigado por calumnias
No hay ninguna investigación judicial contra miembros del CGPJ por tener cuentas al extranjero y Fernando Presencia, el juez inhabilitado que ha presentado las denuncias, ha sido imputado por difundir calumnias contra jueces y políticos a través del portal ACODAP.
¿Qué se ha dicho?
Jueces del Consejo General del Poder Judicial y políticos han sido imputados para tener cuentas millonarias en paraísos fiscales.
¿Qué sabemos?
No hay ninguna investigación judicial contra miembros del CGPJ por tener cuentas al extranjero y Fernando Presencia, el juez inhabilitado que ha presentado las denuncias, ha sido imputado por difundir calumnias contra jueces y políticos a través del portal ACODAP.
Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp (666 90 83 53) por diferentes portales web en las últimas semanas que acusan jueces y políticos de tener cuentas millonarias en paraísos fiscales. Es FALSO que los políticos y jueces que citen estas webs hayan sido “pillados” o imputados. El portal ACODAP y Fernando Presencia, la persona que está detrás de esta página, han impuesto denuncias por fraude fiscal, pero esto no supone necesariamente que haya una investigación judicial o administrativa abierta.
Además, la Audiencia Nacional ha imputado el 21 de junio a Fernando Presencia por presuntos “delitos de injurias y/o calumnias” y otro contra las altas instituciones del Estado.
“El juzgado de instrucción n.º 1 de Madrid imputa, incoa Diligencias Penales, contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado Garcia, el juez Joaquín Elías Gadea Francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez, por presunto delito de fraude fiscal y otros”
Un portal web llamado ACODAP, siglas de la Asociación Contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública, ha asegurado los últimos meses que los jueces del Tribunal Supremo y varios dirigentes políticos están imputados por fraude fiscal y serán detenidos por tener cuentas en paraísos fiscales.
Sin embargo, las diferentes denuncias que ha presentado Fernando Presencia a la Audiencia Nacional, han sido archivadas por no presentar suficientes pruebas, como señala el auto judicial del 21 de junio de 2022. En otros casos, las denuncias han acabado en juzgados de instrucción, como en el caso número 1 de Madrid, que abrió diligencias previas el 3 de mayo para ver si había suficientes pruebas como para investigar el caso, pero esto no implica que los denunciados hayan sido “imputados”, como afirma el portal web. Incoar significa iniciar un procedimiento, mientras que imputar hace referencia a atribuir la responsabilidad de un delito a alguien, según las definiciones del diccionario de la Real Academia Española. Las diligencias previas, por lo tanto, sirven para analizar el contenido de la denuncia que podrá dar pie o no en una investigación judicial, según explica el portal jurídico Iberley.
Presencia también ha presentado denuncias a la Agencia Tributaria tal y como anuncia en la web de ACODAP, pero esto tampoco quiere decir que los demandados hayan sido imputados. El departamento de prensa de la Agencia Tributaria explica a Verificat que legalmente no puede dar información sobre si existe una investigación abierta a raíz de estas denuncias porque “todas las denuncias se analizan y las que tienen elementos suficientes para poder iniciar una investigación pueden dar lugar a hacerlo”. Es en estos casos cuando se notifica al afectado.
El portal web de ACODAP no está disponible actualmente porque la Audiencia Nacional ha ordenado cerrarlo de forma cautelar. El tribunal ha iniciado una investigación contra Fernando Presencia por un presunto delito de injurias y/o calumnias y otro delito contra las altas instituciones del Estado, según la misma resolución judicial.
Carencia de pruebas en las denuncias
“Carlos Lesmes será detenido en breve!” avisaba el titular que publicó la web ACODAP el 30 de mayo de 2022 por explicar que el “juez Presencia” había presentado una denuncia contra el presidente del Supremo por tener “17 millones de euros en un paraíso fiscal”. En este caso, el denunciante, Fernando Presencia, se presenta como juez, pero no dice que está inhabilitado desde el 2017 por prevaricación. Además, hasta día de hoy ninguna denuncia presentada por Presencia ha dado pie a imputaciones de jueces y fiscales.
Es el caso del expresidente del gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero y el actual Fiscal General, Dolores Delgado, que también fueron acusados falsamente por esta asociación de estar imputados cuando no había ninguna investigación abierta y, finalmente, la Audiencia Nacional archivó el caso. En este auto del 13 de abril del 2022, el juez consideró que en la denuncia no se aportaba “información ni de quien lo ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuando, o a quienes han sido remitidos”. La Audiencia Nacional incluso remarcaba que no se podía descartar que las pruebas hayan sido creadas “ex profeso” por los denunciantes, es decir, expresamente.
Un mes más tarde, el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid abrió diligencias previas contra los cinco acusados, Dolores Delgado Garcia, Emilio Miró Rodríguez, Joaquin Elias Gadea, José Luís Rodríguez Zapatero y Yolanda Rodríguez Vidales. Pero este procedimiento judicial no significa que estas personas hayan sido imputadas.
Un web dedicado a difundir información falsa
Ante las acusaciones de Presencia, el juez y presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, trasladó en un escrito a Carlos Lesmes, presidente de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ACODAP “podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa” y que con estas “imputaciones radicalmente falsas” se estaba causando un daño “irreversible” a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo.
Teniendo en cuenta esto, la Fiscalía presentó una denuncia contra Fernando Presencia, que ha acabado siendo imputado por la Audiencia Nacional. Además, en el mismo auto judicial el juez ordena cerrar cautelarmente la página web de ACODAP porque “existen indicios de la comisión de delitos que se estarían produciendo de manera flagrante mediante las publicaciones que integran la citada web”.
Sin embargo, desde que la página web de ACODAP ha sido cerrada, la misma información ha sido difundida por un web denominado Defensa Nacional, detrás la cual está el militar Enrique F. Area Sacristán, tal como indica a la presentación del blog.
Otro ejemplo de desinformación publicada por ACODAP es la reciente acusación (26 de junio) al magistrado Joaquim Bosch y a la magistrada Marta Vicente de ser expulsados de la junta directiva de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia por tener “cuentas millonarias en paraísos fiscales”. Esto es falso, según ha confirmado la misma asociación a Newtral. Los dos magistrados formaron parte del antiguo Secretariado de la asociación, pero no han dejado de formar parte porque tengan cuentas al extranjero, sino porque el órgano directivo se renovó el 3 de junio de 2022.
Un juez inhabilitado está detrás el portal web
La persona que está detrás de este portal web y que ha presentado las denuncias contra magistrados del Tribunal Supremo y políticos es Fernando Presencia, un juez que el 2016 y el 2017 fue condenado a 10 años de inhabilitación por prevaricación por haber favorecido a una de las partes en dos sentencias que dictó.
Sin embargo, Presencia se seguía presentando como juez omitiendo la inhabilitación en el portal web de ACODAP para dar credibilidad a las denuncias que presentaba contra magistrados y políticos. En la misma página web, el juez inhabilitado también pedía donaciones a través de una cuenta bancaria para, supuestamente, continuar investigando casos de corrupción, a pesar de que las denuncias después no tenían más recorrido judicial por carencia de pruebas.
Ahora Fernando Presencia tendrá que declarar como investigado de dos delitos, uno de injurias y/o calumnias (artículo 205 del Código Penal) y otro contra las altas instituciones del Estado (artículo 504 del Código Penal).