El debate electoral de la cadena SER, verificado

En mitad de la campaña electoral de los comicios del 14 de febrero, seis de los ocho candidatos a presidir la Generalitat se han vuelto a encontrar en un debate, esta vez en la cadena SER. Hemos verificado sus declaraciones.

"Nueva Zelanda es un gran ejemplo de cómo con una renta básica universal, que pone en bolsillo de las personas el dinero esencial para poder sostener la vida de los primeros días, recordamos ha aumentado en un 40% las personas que necesitan de la solidaridad para alimentarse, con esta renta básica universal que nosotros proponemos y que se habría podido hacer desde el inicio, se habría podido parar la actividad, frenar el contagio y habríamos podido salvar muchas más vidas"

Dolors Sabater, CUP (minuto 1:03:11)

Es ENGAÑOSO. Nueva Zelanada no ha aplicado nunca una renta básica universal, sí que se debatió hace unos años y, durante la pandemia, el gobierno ha aprobado diferentes tipos de ayudas públicas, pero en su web no aparece ningún subsidio similar a la Renta Mínima Universal. Fue Finlandia el país que durante dos años, entre 2017 y 2018, impulsó un proyecto piloto de este tipo. En este tiempo, el gobierno ingresó 560 euros a 2.000 ciudadanos de entre 25 y 58 años sin trabajo, con el fin de determinar si una mayor seguridad económica estaba relacionada con un incremento de los lugares de trabajo. 

Los beneficiarios reconocieron que se sentían "más seguros económicamente" y vieron como se incrementaba su "sensación de bienestar", el experimento casi no tuvo impacto en la creación de trabajo, como revela el estudio que hizo el gobierno después del experimento. Es decir, la idea que "ha funcionado" es interpretable. Además, Sabater hace mención explícita a frenar contagios de Covid-19 y el proyecto piloto de Finlandia fue dos años antes de la llegada de la pandemia.

El gobierno español aprobó en mayo el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que pueden solicitar aquellas personas que tengan al menos un año de residencia en territorio español y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (entre otros requisitos). A diferencia de esta ayuda, la Renta Mínima Universal es para toda la población, independientemente de sus ingresos.

"Catalunya lidera los tests con 4.500 por cada 100.000 habitantes"

Salvador Illa, PSC (minuto 38:32)

Es ENGAÑOSO. Catalunya realizó 4.340,14 pruebas por cada 100.000 habitantes durante la semana del 25 al 31 de febrero, lejos de las 8.163,37 de Castilla y León y también por detrás de las 4.956,73 de Galicia y las 4.661 de Extremadura, según los datos del Ministerio de Sanidad a 4 de febrero.

Catalunya sí que lideraba el número total de tests desde el inicio de la pandemia a fecha de 28 de enero, según los últimos datos del Ministerio, con 5.733.642 tests, por delante de la Comunidad de Madrid, con 4.597.116, y de Andalucía, con 3.471.311.

Con un índice de 753,48 tests por 1.000 habitantes a la semana, teniendo en cuenta lo acumulado desde el inicio de la pandemia, Catalunya tampoco ocupa la primera posición. Va por detrás de Navarra (921,19), País Vasco (896,81), La Rioja (856,68) y Asturias (809,65).

"Usted [a Illa] ha echado atrás un derecho que ha costado muchos años de conseguir y que afecta a día de hoy que muchas mujeres quedarán sin acompañamiento y solo podrán hacerlo [abortar] farmacológicamente"

Dolors Sabater, CUP (minuto 52:08)

Es ENGAÑOSO. La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater, ha recriminado a Illa haber impulsado como ministro de Sanidad la reforma de la ley del aborto, porque provocará que "muchas mujeres se quedarán sin acompañamiento" y "solo" podrán acceder a la técnica farmacológica.

Es cierto que Illa promocionó como titular de Sanidad la modificación de esta legislación, pero para ”establecer las medidas adecuadas” (es decir, un marco legal) para que los centros sanitarios puedan ofrecer a mujeres que se encuentren en las 9 primeras semanas de gestación abortar de manera farmacológica, según el texto de consulta pública previo al proyecto de modificación del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio.

El texto, que no se ha aprobado, no menciona en ningún momento que las mujeres se quedarán sin acompañamiento médico ni que estarán obligadas a recurrir a los fármacos si quieren interrumpir un embarazo. El texto de consulta previo a la reforma, que el Ministerio de Sanidad colgó en su web temporalmente en enero, explica que es "oportuno" introducirlo ahora porque "es más económico debido al bajo coste de los fármacos utilizados", además de "la simplicidad de las instalaciones necesarias". Ambos factores "reducen el coste total de los procedimientos en un tercio de los quirúrgicos".

Además, argumenta que la reforma quiere solucionar dos problemas detectados: por un lado que se aplique el método quirúrgico a todas las interrupciones voluntarias de embarazos, lo que convierte en “más difícil y complicado el uso de instalaciones, personal y equipación necesaria”, y por otro lado la saturación del sistema público, porque hasta ahora “la demanda se reorienta hacia el sector privado”. Según el Ministerio, el 85% de los abortos se realizan en centros privados, costeados por el Sistema Nacional de Salud.

El Ministerio plantea que, "con los adelantos científicos", "se puede utilizar el método farmacológico en embarazos no deseados que no superen las 9 semanas de gestación, que son la mayoría". La reforma legislativa "tiene como finalidad establecer las medidas adecuadas para que los centros sanitarios extra hospitalarios puedan realizar esta nueva técnica" y "evitar que las mujeres se vean abocadas a tener que ir a establecimientos privados hospitalarios".

Preguntada por Verificat sobre las palabras de su candidata, la CUP ha explicado que “el aborto farmacológico se realiza en el domicilio, sin acompañamiento ni apoyo sanitario y psicológico". Es cierto que se realiza en casa, pero hay un seguimiento médico, tal y como explicó hace unos días a Newtral la doctora Paloma de Andrés, ginecóloga en un CAP de Madrid. La reforma tampoco sugiere que las mujeres estarán obligadas a utilizar esta opción, tal y como ha dicho Sabater durante el debate de la SER.

El texto, un paso previo al proyecto de reforma, provocó el malestar de la ministra de Igualdad, Irene Montero, miembro de la parte de Podemos que forma el gobierno de coalición con el PSOE. Montero reivindicó en un tuit el 22 de enero que "el aborto farmacológico nunca tiene que ser la primera opción, ni siquiera la prioritaria".

"Hay personas que van a la prisión por haberlo dicho, que son unos ladrones [el rey]"

Dolors Sabater, CUP (minuto 1:20:09)

Es ENGAÑOSO. En los últimos años, ha habido diferentes casos en el estado español de raperos que han sido condenados por enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones, pero nadie ha sido condenado solo para afirmar que los Borbones son unos ladrones. Unos de los casos más recientes es el del rapero mallorquín Valtonyc, que marchó a Bruselas y no llegó a entrar en la prisión.

En febrero de 2018 el Supremo confirmó la pena de tres años y medio de prisión que la Audiencia Nacional había impuesto a Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas. El rapero arguyó que actuaba en ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y a la creación artística y destacó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico, pero el alto tribunal rechazó sus argumentos. En la sentencia, el Supremo subrayó que la Audiencia Nacional había tenido en cuenta que los mensajes de las canciones del rapero tenían un “indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas GRAPO y ETA” y comportaban una alabanza “de los medios violentos empleados por la citadas organizaciones terroristas”. De entre las frases de las canciones de Valtonyc que reseñó la Audiencia Nacional, había las siguientes:

• “A ver si ETA pone una bomba y explota”
• “Para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas brindaremos con champán”
• “Un disparo en el frente de tu cabeza está justificado o siempre queda esperar que le secuestre algún GRAPO”

Valtonyc defiende que no hacía ni apología del terrorismo ni amenazas de muerte: “Quien te quiere amenazar no te hace una canción”, afirmó.

"En Catalunya hemos pagado el precio más alto de todo el Estado por cada paciente que ha sido derivado a las UCI de las clínicas privadas"

Jéssica Albiach, En Comú-Podemo (minuto 1:05:00)

Jéssica Albiach, candidata de los comunes, se refería al decreto ley que aprobó el Gobierno en abril donde especificaba los precios que paga en las clínicas privadas por la derivación de pacientes desde la sanidad pública a causa de la pandemia. El precio por cada alta hospitalaria de una persona con Covid ingresado en la UCI son 43.400 euros, independientemente de la duración de la atención prestada. Consideramos que la afirmación de Albiach es NO VERIFICABLE, porque los valores de las diferentes comunidades no son comparables.

Durante toda la pandemia, ha habido poca transparencia de los gobiernos autonómicos en relación con esta cuestión, pero hace unos días La Vanguardia publicó un resumen de los datos que había recogido EFE y que hacía patentes las diferencias entre los diferentes territorios. De hecho, recientemente la Comunidad de Madrid intervino la sanidad privada para atender pacientes de coronavirus y la consejería de Sanidad madrileña pagará 2.084 euros por día por los pacientes con Covid derivados en un centro privado que se tengan que ingresar en la UCI, según explicó eldiario.es. En Catalunya, la cifra de 43.400 euros corresponde al precio de un ingreso mediano de 28 días a 1.550 euros en el día y se estableció de acuerdo con los técnicos del departamento de Salud, según el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, en declaraciones al Fets o Fakes de Catalunya Ràdio

Por su parte, Lluís Monset, director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), confirmó a Verificat que el acuerdo final con la Generalitat vino de una propuesta del Departamento de Salud que la patronal aceptó. Monset nos explicó que hay que tener en cuenta que los 43.400 euros que se acabaron aprobando son por un paciente dado de alta que ha pasado por la UCI y que incluyen los días de ingreso previo y el proceso de rehabilitación (de entre diez y catorce días), que se tienen que sumar a las semanas que el paciente haya estado en la UCI.