¿Qué sabemos del decreto para los menores no acompañados aprobado por el Gobierno español?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, 19 de marzo, publica el real decreto ley que aprobó este martes el Consejo de Ministros, referente a la distribución de los jóvenes migrantes no acompañados que han llegado a Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta en los últimos meses. Junts asegura que Catalunya sólo asumirá la tutela de entre 20 y 30 jóvenes migrantes y Madrid a más de 700 de los cerca de 4.000 a distribuir por todo el Estado. Sin embargo, no hay datos para comprobar qué reparto se hará de acuerdo con los criterios que fija el real decreto ley. ¿Qué sabemos? ¡TE LO EXPLICAMOS!

El principal cambio que permite el real decreto ley es fijar una vía para una distribución obligatoria de los jóvenes migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, en caso de que no haya un acuerdo para estas reubicaciones dentro de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el actual mecanismo para la distribución de menores. El decreto desarrolla la iniciativa modificando el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería.

Un nuevo mecanismo al margen de la Conferencia Sectorial

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia todavía será la encargada reunir a las comunidades autónomas para intentar pactar el destino de los jóvenes migrantes no acompañados que llegan al Estado español. Según el BOE, la conferencia ha llegado a acuerdos para reubicar a un total de 574 jóvenes de este grupo procedentes de Canarias y Ceuta entre 2022 y 2024. 

Sin embargo, el real decreto ley matiza que la conferencia sirve para adoptar acuerdos en cooperación, pero que las competencias en inmigración y extranjería siguen siendo «exclusivas» del Estado.

«Es necesario posibilitar una redistribución de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de los territorios más saturados hacia otras comunidades y ciudades autónomas, que responda a una fórmula de solidaridad equitativa, que pondere el esfuerzo realizado por cada territorio en la atención a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas», dicta el real decreto ley.

Los criterios para reubicar a los menores migrantes entre las comunidades autónomas pondera diferentes indicadores: población (50%), tasa de paro del último semestre según la Encuesta de Población Activa (15%), renta per cápita de los hogares (13%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas en sentido inverso (10% dispersión poblacional (2%) y las características de ciudad de frontera (2%) o de insularidad (2%).

Datos inexistentes para una situación “extraordinaria”

Según recoge el real decreto ley, en los últimos ocho años ha crecido en un 221,4% el número de jóvenes migrantes no acompañados en España, lo que «suscita una reivindicación política de los territorios más afectados en relación a la ubicación de estas personas entre las distintas comunidades autónomas y ciudades autónomas». Preguntado por Verificado, el Ministerio del Interior asegura que los números absolutos de menores no acompañados en España que recoge la policía «no son públicos».

En los últimos meses, el Gobierno de Canarias ha alertado de las dificultades de su administración para hacer frente a la intensidad de la llegada de migrantes y especialmente a jóvenes migrantes no acompañados. Actualmente, según datos del ejecutivo canario, Canarias acoge a 5.810 niños migrantes solos repartidos en 86 dispositivos, el triple de los que tenía abiertos cuando se acentuó la llegada de migrantes a sus islas en verano de 2023.

En un comunicado distribuido en los medios de comunicación, Junts (que ha llegado a un pacto con el Gobierno central para aprobar el decreto en el Congreso) afirmó que, con los criterios del real decreto, a Catalunya llegarán entre 20 y 30 menores migrantes no acompañados de los 4.000 que hay que ubicar por toda la Península, mientras que en Madrid se reubicarán más de 700. Además, según añade Junts, el acuerdo incluye que las comunidades que han estado «por encima de la media de plazas estructurales que deben tener -como es el caso de Catalunya- reciban una compensación económica adecuada».

En la rueda de prensa posterior este martes después de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, admitió que algunas autonomías históricamente han hecho un mayor esfuerzo por acoger a menores migrantes solos, citando a Catalunya, País Vasco y Canarias y “otros también del interior del conjunto peninsular”, pero no dio datos concretos.

Las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para comunicar cuántos menores migrantes no acompañados acogen actualmente a sus sistemas de protección y tutela (una competencia autonómica) y que, si no lo hacen, el Gobierno central acudirá a los registros que tengan los ministerios competentes para concretar el reparto.

Sobre el cálculo de Junts de cuántos menores migrantes llegarán a Catalunya y Madrid, el ministro reitera que las cifras de los juntaires son una “valoración” y que el real decreto ley no habla de números concretos sino de unos criterios objetivos para hacer la distribución.

Migrantes no acompañados en Catalunya

Actualmente, los datos del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya actualizados el 28 de febrero cifran en 6.450 los niños y jóvenes emigrados solos tutelados en Catalunya, de los cuales un 65,5% tienen 18 años o más. Casi uno de cada dos de estos jóvenes proviene de Marruecos, mientras que un 34,5% llegan de países subsaharianos y otro 9,7% de otros países del Magreb. 

Desde 2016, aumentó la llegada de adolescentes y jóvenes migrantes solos a Catalunya. El pico fue en 2018, cuando llegaron 3.709 jóvenes de este grupo, y los últimos tres años llegaron más de 2.000 cada año.

 

La Policía Nacional tiene un Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), pero, al preguntar al Ministerio de Interior sobre estos datos, han respondido el registro «no es público». Tampoco existen datos publicados de todas las autonomías para comparar el número de jóvenes migrantes tutelados en cada comunidad.

Según un informe del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Gobierno de España, a finales de 2023 había 15.045 jóvenes migrantes no acompañados de entre 16 y 23 años en toda España, de los cuales el 68% tenían nacionalidad marroquí. En este grupo, un 60% figuraba con al menos un día de alta laboral en la Seguridad Social.

Protección del menor

El ordenamiento jurídico dota a los menores de una protección reforzada, sean nacidos en España o el extranjero, con distintos derechos recogidos en la legislación española, la Unión Europea y los tratados y convenios internacionales suscritos por España. En este sentido, el real decreto ley publicado este miércoles en el BOE dicta que «las diferentes administraciones públicas implicadas deben velar, en definitiva y en todo momento, por el interés superior del menor, como principio rector que debe servir como guía de toda política pública en la materia».

La protección especial a los menores es parte de los acuerdos internacionales que España tiene firmados. Una referencia central del derecho del menor a nivel internacional es la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 por Naciones Unidas. Amnistía Internacional recuerda que esta convención se diferencia de otras normas internacionales para recoger los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas, en concreto: el derecho a la salud, a la educación y la protección a través de la acogida institucional o familiar cuando el menor no tiene familia o ésta no puede asumir su cuidado; el derecho a la justicia; el derecho a no ser reclutado o reclutada por participar en conflictos armados; el derecho a las tradiciones sociales culturales o religiosas que no interfieran en su salud: y el derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo personal pleno.