Respondemos al qué, cómo y cuándo del decreto ‘ómnibus’

El 22 de enero, el Congreso de los Diputados derogó un decreto ómnibus (el Real decreto ley 9/2024) que incluía medidas socioeconómicas de diferentes ámbitos, desde la revalorización de las pensiones y la renovación de los descuentos en transporte público, hasta ayudas para las personas afectadas por la DANA o la prohibición de corte de suministros básicos y desahucios a personas vulnerables, entre otros.

La propuesta fue rechazada por los 177 votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, frente a los 171 votos a favor del Partido Socialista (PSOE), Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu y el grupo mixto, y una abstención.

Este martes, sin embargo, el gobierno español ha anunciado un pacto con Junts para tirar adelante algunas de las medidas incluidas en el decreto. Además, ante la opción de que algunas fuerzas de la oposición pueda aprobar las propuestas restantes si se presentan por separado, el ejecutivo de Sánchez intenta encontrar apoyos para dar salida a las que quedan pendientes.

“Hoy mismo pueden votar la revalorización de las pensiones o ayudas en suministros básicos con afectación social, y nosotros votaremos a favor sin problemas”, ha expresado la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, en una entrevista en La hora de la 1 de TVE (minuto 6:14) pocas horas antes del acuerdo entre el gobierno central y Junts para aprobar algunas medidas del decreto ómnibus.

¿Qué es un real decreto ‘ómnibus’?

Decreto ómnibus no es una denominación oficial, pero es como se denomina en argot político a un real decreto ley que incluye muchas medidas de ámbitos muy diferentes. Marc Tarrés, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB) y colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), define a Verificat este tipo de real decreto ley como un “cajón de sastre”. Desde 2022, se han aprobado hasta ocho, tal como refleja el Real decreto ley 9/2024.

La derogación de este paquete de medidas ha sido muy comentada a causa de la relevancia social de algunas de las medidas, como la revalorización de las pensiones, que contemplaba un incremento general del 2,8% en 2025, así como un incremento para pensiones mínimas y no contributivas. También las ayudas y descuentos para el transporte público, como el 50% de descuento en títulos jóvenes (T-jove) y el 20% en abonos y títulos de multiviaje (T-Casual). El mismo 24 de enero el Ayuntamiento de Barcelona informó que el próximo febrero el precio de estos billetes aumentará a causa de la derogación del decreto ómnibus si no se aprueba la medida a través de otra vía.

¿Qué papel han tenido en política estos reales decretos?

Los reales decretos se hacen con cierta periodicidad. Algunos gobiernos autonómicos pueden aplicar una norma jurídica similar llamada decreto ley que afecta a su territorio (la Generalitat, por ejemplo, tiene la capacidad de utilizarla, mientras que el gobierno de la Comunidad de Madrid, por el contrario, no la tiene contemplada en su estatuto).

De una forma u otra, estas fórmulas están previstas para resolver situaciones excepcionales de forma rápida sin necesidad de ir a una tramitación parlamentaria. Aun así, después deben ser convalidadas en la cámara baja para mantener sus efectos.

Al menos en ocho ocasiones se han aprobado paquetes de medidas –reales decreto ley ómnibus– desde 2022, tal como recoge el mismo texto. En los casos anteriores, se promovieron para “afrontar las consecuencias para España de la guerra de Ucrania, […] que se han ido adaptando a la situación económica y social”. Son ejemplo, el real decreto ley 6/2022 y el 20/2022 de medidas económicas y sociales en respuesta a la crisis generada por la guerra de Ucrania. También durante la pandemia se aprobó el real decreto ley 11/2020 de medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente la COVID-19.

¿Qué es un real decreto ley y como se aprueba?

Un real decreto ley es una norma con fuerza de ley. La premisa necesaria para tirarlo adelante se recoge en el artículo 86 de la Constitución española: presupone una situación “extraordinaria y de urgente necesidad”.

“Un real decreto ley tiene fuerza de ley y sustrae la capacidad legislativa al parlamento”, explica Tarrés. El Consejo de Ministros escribe y aprueba un real decreto ley, que se publica en el BOE y entra en vigor automáticamente. Entonces, en un plazo máximo de treinta días, se tiene que someter a votación en el Congreso de los Diputados. Se vota la totalidad del texto para aprobarlo o derogarlo, sin posibilidad de enmiendas. Si se deroga, deja de estar en vigor y, si se aprueba, continúa vigente.

Un real decreto ley tiene limitaciones: no puede afectar el ordenamiento de las instituciones básicas del estado, ni los derechos, deberes y libertades fundamentales, ni al régimen de comunidades autónomas, ni al derecho electoral general.

En este caso, el real decreto ley ómnibus se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre de 2024 y se publicó en el BOE el 24 de diciembre, cuando entró en vigor. Se sometió a votación en el Congreso el 22 de enero, se derogó y decayó su aplicación.

¿Qué puede pasar ahora?

Las fuerzas políticas de la oposición han criticado la propuesta por la cantidad de temas diferentes que abarca. Por un lado, el Partido Popular ha asegurado que si se presentan por separado, votarán a favor de algunas de ellas. De la otra, y en el momento de publicar este artículo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con Junts para presentar el real decreto ley modificado para que esta vez sí que se apruebe en el Congreso. Pero ¿es posible?

Ambas fórmulas lo son. Una opción es que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley específico para la revalorización de las pensiones, por ejemplo, y que haga el mismo con el resto de medidas principales: presentarlas por separado y consultar el texto con las partes.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de propuestas que recogía el real decreto ómnibus, también sería posible, para alguna de ellas, plantear la vía legislativa ordinaria. En caso de que se valorara necesario se podría usar alguno de los procedimientos especiales, como el de urgencia.