Las mentiras alimentan el odio

Justicia

Muy a menudo, cuando se produce un asesinato u otro hecho delictivo grave con repercusión mediática, se atribuye inmediatamente a la población extranjera sin pruebas. Incluso antes de que los cuerpos de seguridad se hayan pronunciado al respecto. Es lo que ocurrió con el asesinato del niño de Mocejón, pero también con otros muchos tiroteos, apuñalamientos y asaltos, según informó Newtral, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN) como Verificat.

Más allá de las falsas acusaciones, la realidad es que los índices de criminalidad no han aumentado, mientras que la inmigración sí lo ha hecho. La relación entre inmigración y delincuencia es un fenómeno heterogéneo que las cifras estadísticas tienden a simplificar.

Vincular la delincuencia a la inmigración carece de sentido estadístico, porque aunque la tasa de criminalidad es mayor entre la población extranjera que entre la de nacionalidad española, la proporción de inmigrantes que no delinquen es muy superior a la de los que acaban condenados a prisión. Así lo demuestran los datos: de cada 1.000 residentes extranjeros, solo 3 han sido condenados por algún delito.

Sobrerrepresentados en las estadísticas

En 2023, los extranjeros representaban el 51 % de los detenidos en Catalunya y el 41 % del total de condenados con sentencia firme, según datos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, mientras que las personas sin nacionalidad española en la comunidad autónoma suponían el 17,2 % de la población en 2023. Por tanto, sí que existe una sobrerrepresentación de los extranjeros en las estadísticas de detenidos y condenados.

Es decir, en 2023 había 48,56 detenidos por cada 1.000 extranjeros en Catalunya, mientras que la tasa de detenidos entre los españoles era de 8,43 por cada 1.000 personas. Sin embargo, menos de la mitad de los extranjeros detenidos terminaron condenados: 20,58 de cada 1.000 extranjeros, mientras que la tasa de condenados españoles fue de 4,28 cada 1.000, más de la mitad.

En cualquier caso, es necesario diferenciar el caso de los menores, muy atacados también en este sentido. Tal y como ya verificamos, los menores españoles son la mayor parte de los internos en el sistema penitenciario de Catalunya. La población extranjera representaba a un 32 % de los reclusos. Es decir, también están sobrerrepresentados en las cárceles.

Un trato diferenciado

Pero los datos no lo explican todo ni son un reflejo exacto de la realidad.

Sesgo policial y dificultades jurídicas

Los datos podrían mostrar, como indica Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga, en la publicación Inmigración y delincuencia: la falaz de una sospecha, un «indicio de una mayor selectividad policial con la población extranjera por dos posibles motivos: gerencialismo (liberalización administrativa) y sesgos policiales». Existen criterios para identificar y clasificar los grupos sociales que la policía considera una amenaza. Además, las políticas de control migratorio también facilitan que haya más detección de migrantes que delinquen por encontrarse en situación irregular y, por tanto, aumentar su presencia en las estadísticas.

En cuanto a sesgos policiales, estudios de todo el mundo han identificado un sesgo racial de los agentes policiales, sobre todo haciendo referencia al hecho de que las personas de minorías étnicas son detenidas por la policía con mayor frecuencia. Asimismo, otro estudio publicado en The British Journal of Criminology indica que los jueces son más proclives a condenar a prisión a los extranjeros.

Otros motivos, añade el estudio, que pueden ayudar a poner contexto en torno a la sobrerrepresentación de los extranjeros en la estadística policial son las limitaciones que tienen en el ámbito jurídico: menor capacidad de defensa, desconocimiento de los abogados cuando confluyen cuestiones de extranjería con otros delitos o el incumplimiento de garantías procesales.

Más prisión preventiva

Más allá de las dificultades jurídicas existentes, también existe una desigualdad en el trato judicial, en especial, en la prisión preventiva. Los extranjeros representan el 40 % de la población carcelaria, pero el 60 % de los encarcelados antes de la sentencia. En 2024, casi 3 de cada 10 presos extranjeros recibieron prisión preventiva, mientras que los españoles fueron aproximadamente 1 de cada 10.

No todos los extranjeros son inmigrantes

En cualquier caso, inmigración y extranjería no significan lo mismo. Un extranjero es alguien con nacionalidad no española en España, mientras que un inmigrante es alguien que ha venido de fuera. Esta distinción es fundamental para entender las estadísticas de delincuencia, que distinguen por nacionalidad (extranjería), y no por inmigración.

Lo ejemplificaba Antonia Linde, directora del grado en Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en El País: «Un emigrante es esa persona que se muda a otro país con intención de establecerse y no son todos los extranjeros. Hay en prisión extranjeros por cometer delitos relacionados con el crimen organizado. Estos no son emigrantes, sino personas de otra nacionalidad que vienen a cometer un delito en territorio español, son detenidas y condenadas y pasan a formar parte de la población penitenciaria», explica.

Igualmente, Elisa García España, catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga, expone en la publicación Inmigración y delincuencia: la falacia de una sospecha que parte de la población extranjera que aparece en las estadísticas de delincuencia «no reside en el país». Son personas que cometen delitos transfronterizos (tráfico de drogas, inmigración irregular…).

No existe relación causal entre migración y delincuencia

En las redes sociales, uno de los rumores más habituales es el que relaciona la inmigración con la delincuencia. Por ejemplo, se presupone que una persona de origen árabe debe ser terrorista o cercana al extremismo. Pero los datos demuestran que no existe una relación directa y la mayoría de estudios relacionan las tasas de delincuencia con la pobreza que sufren, aún más, los inmigrantes. Los migrantes se encuentran en los deciles de renta más bajos, según datos de Idescat. 

En España, la población extranjera ha aumentado en los últimos años, pero la tasa de criminalidad se ha mantenido estable durante las dos últimas décadas. En Catalunya, al igual que en España, se ha registrado un aumento exponencial de la población extranjera en las últimas dos décadas, pasando del 2,9 % de la población en 2000 al 17,2 % en 2023. Sin embargo, este aumento no ha ido acompañado de una subida similar de la tasa de criminalidad. Esta no sigue la misma tendencia de crecimiento que el aumento de la población extranjera.

Esto desmiente que exista una relación causal entre la inmigración y la delincuencia, como también han determinado distintos estudios académicos, que no han encontrado elementos culturales o psicológicos distintos en la población inmigrante para establecer esta relación. 

Prueba de ello es un estudio publicado en 2019 que afirmaba que «la probabilidad de que un inmigrante con buenas oportunidades laborales sea delincuente no es mayor que la de un nativo en las mismas condiciones». Es decir, la condición de haber nacido en un sitio u otro no explica que una persona cometa más o menos delitos.  Otra publicación, Delincuencia de inmigrantes y motivaciones delictivas explica que «el hecho de ser inmigrante no aporta nada a la motivación delictiva,  si no es por el contexto de carencia de oportunidades

estructurales legítimas», y hay que tener presente que «muchos inmigrantes en situaciones de ausencia de oportunidades estructurales y materiales legítimas presentan una alta resistencia a la delincuencia».Una revisión a nivel internacional de diferentes investigaciones que trataban este tema entre 1994 y 2014 concluye que cuando existe una asociación entre inmigración y delincuencia, esta es negativa, aunque muy débil. Esto significa que, a más inmigración, menos delincuencia. Según esta revisión, varios estudios han demostrado que, lejos de ser una fuerza con tendencia al crimen, la inmigración «está vinculada al crecimiento de la población y a la reducción de las tasas de desempleo, factores que contribuyen a reforzar el orden social» y no viceversa.

No reinciden más

Otro rumor clásico es el que dice que los extranjeros tienen mayor tendencia a reincidir. Las estadísticas de las condenas no lo demuestran.

Según un informe sobre reincidencia elaborado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y publicado en 2022, la tasa de reincidencia penitenciaria en España de los ciudadanos españoles es del 24,83 %, mientras que la de los extranjeros es del 7,92 %, considerablemente inferior. Por otra parte, el 88,61 % de los reincidentes tenía nacionalidad española, mientras que el 11,38 % eran extranjeros. Por lo general, la mayoría de los condenados en España en 2023 solamente habían cometido un delito, independientemente de su nacionalidad. 

En el caso de Catalunya, cinco de cada diez excarcelados no vuelven a tener una causa judicial abierta, y el 80 % no reingresa en prisión, cifras que no difieren por nacionalidad, según un informe del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEFJE) publicado en 2023. Además, el 90 % de los extranjeros encarcelados con expediente de expulsión fueron devueltos a su país. De los excarcelados, el 20,4 % de los españoles volvieron a prisión y, en el caso de los extranjeros, la tasa fue del 22,2 %, tal y como se indica en el resumen ejecutivo del informe catalán.

El 60 % de las personas con nacionalidad española y el 59,2 % de los extranjeros que no fueron expulsados reincidieron (judicialmente, no penitenciariamente) después de salir de prisión, según la aproximación estadística hace el estudio catalán a partir muestra representativa de los excarcelados. 

Los jóvenes y menores extranjeros

Cabe decir que «el comportamiento ante el delito de los menores inmigrantes con una buena adaptación a la sociedad de acogida no difiere de la de los menores autóctonos», tal y como cita Marta Oro-Pulido Miguel, psicóloga de la Universidad Pontificia de Comillas y administradora de centros penitenciarios, en su tesis doctoral Jóvenes de origen inmigrante en prisión, distinguida con el Premio Nacional Victoria Kent de 2019. La autora concluye que los jóvenes migrantes presos son un colectivo heterogéneo, con «contextos culturales, familiares y migratorios diversos», muy difícil de analizar desde un solo prisma. Las dificultades de adaptación, por ejemplo, podrían explicar que deban «enfrentarse a dificultades para cubrir sus necesidades básicas, así como a sentimientos de exclusión y a conflictos culturales». 

Asimismo, también existen datos conjuntos de Justicia juvenil en Catalunya, que informan de cifras de menores y jóvenes atendidos que han cometido delitos o faltas y a los que los juzgados les han impuesto algún tipo de medida. En 2022, el número de españoles fue de 4.247 y el de extranjeros, de 1.660. Es decir, los menores y jóvenes españoles bajo algún tipo de medida por parte de la Justicia representaron casi el 72 % del total.

La mayoría de los musulmanes no son radicales

También se vincula a menudo a los musulmanes con posturas yihadistas radicales. Sin embargo, hacer esta simplificación es errónea, estigmatiza e, incluso, puede ser contraproducente, como ya explicamos. La religión no es el detonante de la radicalización, según detalla una recopilación sobre la evidencia publicada en la revista Nature. 

Además, uno de los muchos factores que puede influir en la radicalización yihadista de una persona es, precisamente, el sentimiento de injusticia o exclusión, así como el hecho de que estén estigmatizados, según apunta la Red de Sensibilización sobre la Radicalización de la Comisión Europea.   

Tampoco se puede establecer una causalidad entre el islam y el salafismo yihadista, la única corriente violenta del islam, ni siquiera entre el salafismo y el salafismo yihadista, porque no todas las corrientes salafistas defienden la violencia, según explicó a Verificat Moussa Bourekba, investigador principal experto en geopolítica global y seguridad de CIDOB. 

Se calcula que hay 1.800 millones de personas musulmanas en todo el mundo, según el Pew Research Center, y las estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) hablan de entre 100.000 y 230.000 salafistas yihadistas activos en el mundo, un porcentaje muy pequeño respecto al total de creyentes.

La violencia de género existe por el hecho de ser mujeres

La violencia machista no es una realidad imputable a la población extranjera, como ya verificamos. Como indican numerosos estudios, se pone el foco en los agresores extranjeros y se simplifica una desigualdad con diferentes experiencias en función de cada contexto.

Asimismo, es una violencia estructural (física, psicológica, laboral, etc.), como constata Naciones Unidas, que sufren las mujeres por serlo y no por su nacionalidad.  

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expone que las mujeres migrantes son más vulnerables a la violencia durante, por ejemplo, las travesías hacia el lugar de destino. Pero no es adecuado inflar esta condición para justificar medidas migratorias restrictivas. También aseguran que «sostener que las mujeres de determinada nacionalidad son sumisas o que los hombres de alguna nacionalidad son machistas implica incurrir en serios prejuicios». Y añaden que este tipo de ideas «empobrecen» la «concepción de la problemática de la violencia de género y dificultan la intervención efectiva en este campo».

En cuanto a los asesinatos, la punta del iceberg, existe prácticamente el mismo número de agresores españoles que de víctimas españolas y de agresores extranjeros que de víctimas extranjeras. De hecho, existen más víctimas extranjeras en manos de un español que de españolas en manos de un extranjero.

Es decir, la violencia de género es un problema transversal a las distintas nacionalidades y no puede relacionarse con la inmigración. Para poder establecer una correlación entre nacionalidad y una mayor propensión a las violaciones son necesarios estudios empíricos con rigor metodológico que aíslen otras variables que puedan influir en una mayor comisión de este tipo de delitos y permitan ver el efecto de la nacionalidad y los delitos sexuales.

Por último, y en contra de lo que circula por redes sociales habitualmente, los menores africanos no son los que más delitos sexuales cometen. En 2022, si se suman los adultos y menores condenados por delitos sexuales, se registraron 3.702 condenas por este motivo, según el INE. De ese total, 42 eran menores con nacionalidad africana, es decir, un 1,13 %.

Una denuncia falsa no es ningún «negocio»

Otra afirmación falsa que ha circulado sobre los inmigrantes es un supuesto «negocio redondo» en el que una mujer de Marruecos denuncia a su marido por malos tratos y consigue una supuesta subvención con la que la pareja puede volver a su país y vivir «como reyes». 

El rumor se refiere a las ayudas económicas que reciben las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su nacionalidad. Para recibirla, es necesario acreditar la condición de víctima de violencia de género mediante una sentencia condenatoria, una orden de protección, una medida cautelar o un informe del Ministerio Fiscal. Por tanto, la ayuda no se otorga por poner una denuncia, sino por ser víctima acreditada de violencia de género.

Entre 2009 y 2017, el porcentaje de condenas o causas en tramitación por denuncias falsas en materia de violencia de género fue del 0,01 % del total de denuncias.