Las mentiras alimentan el odio

Desplazamientos

La inmigración es un fenómeno complejo y multifactorial formado por historias diversas y reducir sus causas a una única explicación, como hacen muchos mensajes que contienen desinformación, no es prudente. Las razones por las que una persona deja atrás a su país natal son muy variadas y van desde la persecución política hasta la pobreza, pasando por numerosas razones personales, sociales o económicas. 

Efecto llamada

El efecto llamada es un concepto que se utiliza para hacer referencia al hecho de que ciertas ayudas o políticas públicas relacionadas con la acogida de la inmigración (medidas económicas, legales o asistenciales) provocan oleadas de llegadas cada vez más numerosas. Sin embargo, es falso que las ayudas sociales, regularizaciones de inmigrantes o rescates en el Mediterráneo que se han aplicado a lo largo de la historia reciente en España o en otros países europeos hayan implicado un aumento de la inmigración irregular. 

Las políticas migratorias no provocan necesariamente un aumento de las llegadas

Muchas veces se dice que unas políticas favorables a la integración de los inmigrantes, como regularizaciones extraordinarias, aumentarán el número de llegadas. En realidad, y tal y como verificamos, los flujos migratorios dependen más del ciclo económico y la situación política en los países de origen, como apuntan un estudio del Overseas Development Institute y un artículo publicado en Cambridge University Press, así como de la demanda de mano de obra en los países receptores, hecho que va ligado a los ciclos de bonanza económica, entre otros. Es decir, un mejor contexto económico sí estimula la llegada de personas extranjeras en edad de trabajar, pero no las medidas específicas de acogida. Como explica el informe de 2019 del Defensor del Pueblo, la migración neta en España «ha variado de manera significativa, siguiendo una dinámica vinculada al ciclo económico sin que, en este mismo período de tiempo, se hayan registrado cambios reseñables favorables en el marco de prestaciones del estado de bienestar español».

En esta línea, una revisión de literatura de la Agencia de Asilo de la Unión Europea sugiere que la migración irregular se explica por el empeoramiento de las condiciones económicas, la persecución política, los conflictos y la violencia o la degradación ambiental. Además, el informe de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Displacement Tracking Matrix (DTM) Flow Monitoring Surveys (FMS) deployed in Greece, Italy, and Spain in 2023 revela que el 47 % de los migrantes han dejado su lugar de nacimiento por dificultades económicas.

Tampoco existe prácticamente correlación alguna entre el número de inmigrantes (y refugiados) que los países aceptan y las actitudes de este país hacia la inmigración, según el informe Migration and the economy de CITI. 

Reducir el proceso migratorio al supuesto efecto llamada «no es solo erróneo, sino también peligroso, porque se politiza el tema migratorio y hace imposible hablar de derechos de las personas migrantes sin la alarma de un presunto alud migratorio», explicó a Verificat Francesco Pasetti, investigador principal del área de Migraciones del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

Por otra parte, también se ha dicho que las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo por parte de los gobiernos y ONG fomentan la llegada de inmigrantes a las costas europeas. Esa percepción también es falsa. Un estudio publicado en Nature estudió tres períodos de rescates en la Ruta del Mediterráneo Central (RMC) entre 2011 y 2020 y comprobó que «la afluencia de migrantes a la RMC no se ve afectada por la presencia de operaciones de búsqueda y rescate, como proponen los defensores del factor de atracción». Es decir, las operaciones de búsqueda y rescate son una respuesta a mayor cantidad de cruces, y no la causa de los desplazamientos.

Las regularizaciones de inmigrantes no necesariamente generan un efecto llamada

Otro argumento que circula es que las regularizaciones masivas de inmigrantes en los países de llegada han comportado un efecto llamada. Sin embargo, ni los datos ni los estudios al respecto muestran que haya influido en una mayor llegada de migrantes a las fronteras del país, tal y como verificamos.

Desde 2000, en España se han producido tres regularizaciones extraordinarias. Tras las regularizaciones del gobierno de José María Aznar (PP) en 2000, estas entradas por vía marítima subieron mínimamente, mientras que después de las de 2001, bajaron. Tras la regularización de 2005 de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), hubo un pico de llegadas en 2006. Es lo que se denominó la «crisis de los cayucos» en Canarias. Sin embargo, sería erróneo interpretar estas llegadas como consecuencia de la previa regularización.

Concretamente, un estudio publicado en Barcelona GSE Working Paper Series analiza esta ola migratoria. Sus autores concluyen que la cantidad de inmigrantes que llegaron a España en 2006 aumentó, sí, pero el ritmo de crecimiento fue similar entre las personas de países miembros de la Unión Europea (con libertad de circulación) y las provenientes de estados extracomunitarios (que necesitan un visado para residir en España). Es decir, no se registró un cambio en la composición de la inmigración en el estado español, sino que la regularización de 2005 incidió principalmente en las personas que venían de fuera de la UE. 

El estudio tiene limitaciones y permite concluir que la regularización no provocó un aumento de salidas de los países de origen. Estudia el total de la inmigración y su presencia en la sociedad española, pero no controla si ha habido un aumento de las llegadas por mar o por aire, sino que habla de totales.

Cristina Fernández, investigadora Ramón y Cajal por la Universidad de La Coruña, que ha investigado las políticas de control de la inmigración, explicó a Verificat que «no tiene mucho sentido» asociar las llegadas a la política interna de España: «Es como si dijéramos que la crisis de los refugiados de Siria o de Ucrania tienen que ver con la política interna de Alemania o de Polonia». Por tanto, afirma que tiene más relación con la situación del país de origen. No obstante, el fenómeno migratorio es complejo, y otras variables como el estado de las rutas migratorias o la situación económica pueden influir en las dinámicas de desplazamiento.

Entre las posibles causas de las llegadas a Canarias registradas en 2006, la experta nombra «la crisis política en Senegal, unas corrientes marinas favorables o la imposibilidad de llegar a Europa a través de rutas más cortas y más seguras debido al refuerzo de la cooperación con Marruecos para la vigilancia de las fronteras más al norte», en Ceuta, Melilla y la costa andaluza.

Otro factor a tener en cuenta es la mayor capacidad para detectar pateras mediante el Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) que España utiliza desde 2002, pero que llegó en 2005 a Canarias. Este sistema permite, según la definición de la Guardia Civil, «detectar a larga distancia (10 km) las embarcaciones que se aproximen a nuestro litoral», para «interceptar a los presuntos delincuentes o auxiliar a los inmigrantes irregulares». Es decir, parte del aumento de las llegadas de migrantes podría explicarse por una mayor capacidad de detección e intercepción.

Las mafias no provocan la llegada de inmigrantes

Responsabilizar a los traficantes y a las mafias de la llegada de inmigrantes es otra narrativa frecuente en discursos políticos. Pero el tráfico es «una reacción a los controles fronterizos, y no la causa de la migración ilegal», según constata el sociólogo Hein de Haas en el libro How Migration Really Works (Viking, 2023).

Un estudio del European University Institute explica que, aunque es cierto que los migrantes experimentan violencia y victimización en sus viajes, las redes de tráfico de inmigrantes presentan bajos niveles de complejidad organizacional. La mayor parte de las personas condenadas por tráfico de personas «son operadores independientes», según el estudio del European University Institute. Concretamente, trabajan en nombre de amigos y familiares y no presentan gran complejidad como organización. Esto hace que muchos migrantes no ven a los facilitadores de sus viajes como criminales, sino como personas que les dan apoyo y conocimientos para moverse hacia un sitio mejor.

Europa no favorece la inmigración irregular

Durante la campaña de las elecciones europeas de 2024, varios partidos políticos extendieron la idea de que Europa abría «sus puertas» sin control con el objetivo de atraer a población extranjera. Aunque hay migrantes que acceden al continente de forma irregular, esto no implica que los controles no existan, como verificamos en ese momento. 

En el presupuesto de la UE para 2021-2027 se prevén 22.700 millones de euros para la gestión de migración y fronteras, una cifra que duplica los 10.000 millones de euros que se destinaron a estas partidas en el período 2014-2020.

El presupuesto destinado al Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que se encarga de dar apoyo en la protección de las fronteras del espacio Schengen y de la UE, se ha visto incrementado de forma constante desde que hay datos. 2024 es el año con mayor presupuesto de la historia.

El control de las fronteras es, de hecho, una importante fuente de ingresos para empresas de armamento y tecnológicas. En 2015, un equipo de periodistas hizo seguimiento del dinero que la Unión Europea (UE) destinaba al control fronterizo y reveló que desde 2002 hasta 2013 varios grupos privados recibieron más de 225 millones de euros de dinero público para estos fines, según publicaron en un portal con todos los datos, The Migrants’ Files. Las deportaciones y la burocracia que implican supusieron, al menos, 11.300 millones de euros en el mismo período, aunque los periodistas reconocen la dificultad de conocer el coste total de estas políticas por la falta de transparencia de los Estados.

Aparte del presupuesto, las llamadas devoluciones en caliente, que en España se conocen técnicamente como «rechazos en frontera inmediatos con coacción administrativa directa y sin procedimiento», son también una realidad. Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid, exponía en France 24 que «si tienes expulsiones rápidas, no tienes tiempo de estudiar los dossieres de las personas que puedan solicitar el asilo». Aun así, en 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional (TC) español avalaron este procedimiento. Además, una reciente reforma del sistema de migraciones y asilo de la UE contempló las devoluciones en caliente: «se aplicarán a determinadas categorías de solicitantes de asilo (por ejemplo, a los procedentes de países con tasas de reconocimiento de asilo bajas)».

Personas en situación irregular

Los inmigrantes que llegan a las costas españolas o entran por vía terrestre a través de las ciudades de Ceuta y Melilla pueden entrar en el programa de protección internacional si solicitan el asilo y cumplen los requisitos. Si no lo hacen, entran en el programa de atención humanitaria que, a pesar de ser gestionado por el Ministerio de Inclusión, es llevado a cabo por entidades sin ánimo de lucro que colaboran con el ministerio, como por ejemplo la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o Cruz Roja, entre otras muchas. 

Es decir, los inmigrantes refugiados, apátridas y que sufren un riesgo o una amenaza real de muerte o de torturas en su país de origen pueden acogerse a la protección internacional, mientras que aquellos que emigran por otros factores, a menudo simplificados bajo el término «migrantes económicos», pueden acogerse a la atención humanitaria, según detalló para Verificat Lidia Hernández, coordinadora de acción humanitaria en CEAR.

El proceso de acogida en el caso de la atención humanitaria depende del Ministerio de Inclusión, y la distribución de los inmigrantes por el territorio se realiza en función de la disponibilidad de plazas en los centros de acogida de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, no es cierto que Catalunya, ni ningún otro territorio, tenga un proceso de acogida de inmigrantes más permisivo que otros.En el caso del asilo, después de evaluar los casos concretos y acreditar su condición de refugiados, están protegidos y definidos específicamente por el derecho internacional. De hecho, los refugiados tienen protección contra las devoluciones y no se les penaliza, teóricamente, por pasar fronteras sin autorización legal. ACNUR aclara que, normalmente, la palabra «migración» implica un proceso voluntario, como la búsqueda de mejores condiciones económicas, mientras que el asilo se da porque estas personas no pueden volver a su lugar de origen de forma segura.

Percepciones erróneas sobre la población inmigrante

Las cifras de personas en situación irregular son más bajas de lo que popularmente piensa la mayoría de la ciudadanía. Aproximadamente, siete de cada diez nativos europeos creen que hay más inmigrantes de los que realmente hay, según el Eurobarómetro, y muchos de ellos piensan que hay más población inmigrante en situación irregular que con los papeles en regla. En España, el 41 % de los encuestados considera que hay más inmigrantes en situación irregular que regular, ocho puntos por encima de la media europea. Es falso. Un estudio publicado en 2011 en el European Journal of Migration and Law defiende que los migrantes sin papeles representan entre un 0,4 % y un 0,8 % del total de población, y entre un 7 % y un 13 % de la población migrante.

Un estudio del think tank Funcas estimó que el número de personas en situación administrativa irregular en España sería de 686.111 en 2023. La mayoría son de varias nacionalidades del continente americano (600.000 habitantes), muy lejos de los europeos (51.000) y los africanos (35.000). En total, supondría un 17 % de la población extranjera no comunitaria residente en España. En cualquier caso, no existe ningún registro de personas en situación irregular y ningún dato concreto. Pueden registrarse, tal y como ya se hace, las llegadas por mar y tierra, pero no todas estas personas ingresan en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y existe una gran movilidad entre países europeos, por lo que los datos son muy inestables. Otros organismos, como Eurostat, las cifran en algo más de 90.000. A medio camino se encuentra un informe de 2020 de la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III de Madrid, que contempla que hay entre 390.000 y 470.000 personas en situación irregular en territorio español.

Para obtener una radiografía más concreta de lo que suponen las personas en situación administrativa irregular en España, se pueden cruzar los datos de Eurostat sobre nacionales de terceros países que se encuentran en situación irregular con los de población de 2023. Aunque esta comparación será limitada, ya que, como advierte Eurostat, «los datos se basan en fuentes administrativas y son proporcionados, principalmente, por los Ministerios del Interior o las Agencias de Inmigración vinculadas», por tanto, responden a «normas y procedimientos nacionales específicos». 

España está lejos de ser el país con mayor proporción de personas en situación irregular (con un 0,002 % de la población) de la UE. Se coloca en el puesto número 13 de 27, justo por debajo de la media de la Unión. En primera posición se encuentra Eslovenia (0,03 %), cifra que difiere de la española.

En el caso de los refugiados, a nivel global, un 75 % reside en cuatro países: Irán, Turquía, Pakistán y Uganda, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). En España, la tasa de reconocimiento de protección internacional se redujo un 12 % en 2023, lo que significa que cuatro de cada diez solicitudes fueron denegadas. Según datos del INE de 2022, había 280 refugiados por cada 100.000 habitantes en España.

El coste de llegar a Europa

Alcanzar las costas europeas y atravesar el mar Mediterráneo de forma ilegal resulta más caro que hacerlo a través de vías legales. Según datos de Europol, en 2015 los migrantes que llegaban al espacio Schengen por el Mediterráneo pagaban 4.500 euros por el viaje, «destinados a organizaciones criminales de contrabandistas y traficantes». Sin embargo, no existe un precio fijo y conocido para esta travesía. Frontex establecía un precio de 3.000 euros por viaje en 2020. Una investigación periodística de 2015, The Migrants’ Files, hablaba de 700 euros por persona en el caso de los migrantes de África Subsahariana y de 2.000 euros en el caso de clientes de Oriente Medio. El precio de cruzar el estrecho en avión es de pocos cientos de euros.

El cementerio del Mediterráneo

El Mediterráneo, así como las islas Canarias, son las fronteras más mortíferas del mundo, según la Organización Mundial de las Migraciones, que lleva un recuento de muertos y desaparecidos en los países más peligrosos.