La historia de la guerra civil no es un debate abierto

La formación política Vox anunció el pasado martes 15 de octubre, que su partido lanzará una propuesta de resolución para rendir homenaje a las familias y víctimas de Lluís Companys. El portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, defendió la idea en una rueda de prensa (minuto 2:10). La propuesta es similar a las llamadas leyes de “concordia” impulsadas por el partido en comunidades autónomas como Castilla y León y las Islas Baleares. Naciones Unidas (ONU) las ha criticado porque invisibilizan graves violaciones de los derechos humanos por parte del franquismo, y quieren abrir un debate sobre las responsabilidades de la Guerra Civil que los historiadores consideran cerrado y consensuado.

«Lluís Companys fue golpista, responsable de la destrucción de más de 7.000 edificios religiosos en toda Catalunya y del asesinato de más de 8.000 catalanes»

Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlamento de Catalunya

La historia de la violencia en Catalunya durante la Guerra Civil y todas sus consecuencias “han sido ampliamente estudiadas por la historiografía y no son objeto de debate por las sólidas conclusiones extraídas”, como asegura Pere Ysás Solanas, experto en Historia Moderna y Contemporánea. Las palabras del portavoz de Vox están sacadas de contexto y ponen en entredicho este gran consenso a que hace referencia Ysás.

Violencia popular y por motivos diversos

Los datos a que hace referencia Garriga son del periodo entre 1936 y 1939, es decir, durante la guerra civil española. La cifra exacta de las personas asesinadas en este tiempo en Catalunya varía en función de la fuente, pero oscila entre las 8.000 y 9.000 personas.

Uno de los principales expertos en el tema es el doctor en historia Joan Villarroya i Font. Centró su tesis doctoral en la Violencia y Represión en Cataluña durante la guerra civil. En su estudio contabiliza 8.360 víctimas en Catalunya en aquel periodo y apunta que lo fueron por motivos diferentes: “ideológicos, políticos, religiosos, pasionales o de enfrentamientos internos”. Además, “también hay las muertes ejecutadas por sentencia de los Tribunales Populares y posteriormente por el Tribunal de Espionaje y Alta Traición de Catalunya”. El experto explica que la violencia durante la Guerra Civil en Catalunya era “al margen de las instituciones y no obedecía órdenes ni instrucciones de estas, a diferencia de la oleada de violencia desencadenada de los militares sublevados, perfectamente prevista y ordenada”.

El historiador Josep Maria Solé i Sabaté confirma a Verificat que la clave de esta violencia fue “el vacío de poder que hizo surgir la rabia” y asegura que “el verdadero poder era el pueblo armado”. Ambos historiadores firman la investigación Violència i repressió a la reragurda catalana 1936-1939 en que explican que “desde el mismo momento que se inicia la avalancha de violencia, hay una voluntad de salvamento de vidas de personas en peligro por parte de la Generalitat”.

Villarroya estudia que “a partir del 19 de julio hubo a toda Catalunya una revolución incontenible, desorganizada, a la vez llena de ideales que alcanzó todos los ámbitos, y uno de estos fue la violencia, donde el conjunto de fuerzas de izquierda se vieron desbordadas en la calle por la violencia sectaria, por el oportunismo, por las venganzas personales y por los aprovechados”. Hace referencia al hecho que “los delincuentes comunes salieron de las prisiones que restaron vacías” y deja claro que “no tenemos que olvidar que esta situación se dio a consecuencia de un levantamiento militar que rompió la legalidad constitucional y desbordó el gobierno autonómico, del cual en aquel momento dependía el orden público”.

Arnau Gonzàlez Vilalta, doctor en Historia y autor de Lluís Companys. Un hombre de Gobierno, también asegura que “los asesinatos sin proceso, muy amplios en los primeros meses, no fueron instigados por la Generalitat, que pretendió acabarlos”. En este sentido, Josep Maria Solé explica que “la Generalitat falsificó pasaportes para ayudar a huir los llamados ‘Catalanes de Génova’” que, de hecho, es el nombre del libro sobre estos hechos publicado por Rubèn Doll-Petit en 2003 en que precisamente trata temas como “la fuga de miles de catalanes al extranjero a partir de la derrota de los militares sublevados el 19 de julio de 1936 y el trascendental papel de la Generalitat en las tareas de salvamento”.

Si bien, Gonzàlez, entre otros, puntualiza que se le podría atribuir a la Generalitat “la incompetencia para proteger la propiedad privada y los bienes de particulares o instituciones como la iglesia, pero nunca de instigar tal realidad”.

La ONU ya ha alertado de las leyes de concordia

Vox, con el apoyo del Partido Popular, impulsaron el mes de mayo unas leyes en el Aragón, la Comunidad Valenciana y, sin el apoyo del PP en Castilla y León, que pretenden sustituir la ley de memoria democrática de estos territorios. Las leyes apuestan por eliminar términos como dictadura, por mantener símbolos franquistas, eliminar el mapa de fosas comunes y retirar subvenciones a organizaciones que llevan a cabo tareas de memoria democrática. El último debate parlamentario en esta línea se dio el pasado verano en las Islas Baleares donde la suma de Vox y PP dio la mayoría para iniciar la tramitación parlamentaria de la derogación de la ley de memoria democrática del territorio.

Ante estas ideas, y en respuesta a una petición del gobierno español, la ONU envió una carta. La firmaban Fabi Saln Salvioli, portavoz especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Aua Baldé, presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y Morris Tidball-Binz, portavoz especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El escrito instaba en el gobierno español “a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a las normas internacionales que rigen la preservación de la memoria histórica sobre violaciones graves de los derechos humanos”.

Del mismo modo, en Valencia, la ley de Vox ninguneaba los centenares de miles de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo al referirse a “todas las víctimas de la violencia social, política y terrorista y de la persecución ideológica y religiosa”.

“Golpista” solo según el franquismo

En su declaración, Garriga se refiere a Companys como “golpista”. El historiador Arnau Gonzàlez Vilalta expone, en conversación con Verificat, que “hablar del presidente Lluís Companys como golpista no tiene ningún sentido salvo que se quiera dar validez a la legislación franquista posterior que acusó tantos dirigentes republicanos de ser culpables del delito de ‘Rebelión’. Es decir, de mantenerse fieles a la legalidad y de no aceptar el golpe de Estado reaccionario del 18 de julio de 1936”.

Para Josep Maria Solé es clave recordar que Companys fue “el único presidente elegido democráticamente que fue secuestrado por la GESTAPO, la policía secreta oficial de la Alemania nazi de Hitler y llevado a Madrid”, asegura que “nunca ha habido papeles de extradición, por lo cual es un secuestro”.

La Generalitat protegió templos

En cuanto a la “destrucción de más de 7.000 edificios religiosos en toda Catalunya”, González expone que “Companys no ordenó” estas acciones que hicieron “miles de militantes de las organizaciones anarquistas, comunistas y de izquierdas”. Solé añade que “la Generalitat hizo lo que pudo y protegió la catedral de Barcelona, Montserrat y Poblet, entre otros lugares simbólicos”.