Por qué la Unión Europea puede legislar sobre el alquiler de temporada pero no sobre el precio de la vivienda

Una de las preocupaciones principales de los españoles de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio es la lucha contra la pobreza y la exclusión social y la economía y la creación de ocupación. Entre ellas, entran aspectos también como el coste de vida, los salarios o el precio de la vivienda.

De hecho, la cabeza de lista de la Coalición por Una Europa Solidaria (COLAS), Oihane Agirregoitia, ha afirmado en una entrevista en El Periódico que en materia de vivienda, a estas alturas “Europa tiene pocas competencias, pero sí que se está estudiando una ampliación de las mismas, si fuera necesario con la modificación de los tratados europeos”. ¿Qué puede hacer, pues, la Unión Europea en este ámbito y en otros que afectan la vida de la ciudadanía? ¡Te lo explicamos!

En algunas entrevistas y debates de los últimos días de precampaña y de la actual campaña electoral, se ha hablado de qué se puede hacer y qué no desde la Unión Europea (UE) para poner soluciones a algunas de estas preocupaciones. Entre los temas que han salido, destacan las condiciones por unos salarios mínimos comunes en todo el continente o una mejor transparencia de las plataformas de alquiler de temporada.

Las dudas vienen, pero, a la hora de saber hasta dónde puede llegar la Unión Europea a la hora de regular. Desde el departamento de comunicación de la representación en Barcelona de la Comisión Europea (CE) explican que se legisla sobre las materias donde tienen competencias. Estas competencias vienen determinadas por los Tratados que han ratificado los estados miembros y que se trasladan en forma de legislaciones vinculantes a través de Directivas o Reglamentos.

Hay ámbitos, como el de la unión aduanera, la política monetaria o el comercio y los acuerdos internacionales, entre otros, que solo puede legislar la Unión Europea. En otros aspectos, como la agricultura, la energía, la ayuda humanitaria, el empleo o el medio ambiente, tanto la UE como los países miembros pueden promulgar leyes, pero solo si no hay legislación comunitaria o se ha decidido que no se hará. Es la figura que conocemos más, a través de normativas como la Política Agraria Común o la Directiva sobre la regulación de los plásticos desechables.

Por último, hay espacios donde la UE solo puede coordinar, complementar o apoyar la actuación de los Estados miembros. Serían los asuntos relacionados con el turismo, la salud pública o la educación. En este caso, cada país tiene que incorporar de forma obligatoria esta normativa al estatal.

Los Tratados marcan el impulso de la normativa europea, es decir, aquello que han decidido los Estados miembros que se puede legislar a través del derecho comunitario. Así, el reglamento sobre el alquiler de temporada establece mecanismos para facilitar que los Estados puedan regular en esta materia. Este marco legal se impulsó como respuesta a varias investigaciones que aseguran que “la falta de reglas adecuadas también contribuye a problemas como el aumento de precios de la vivienda, el desplazamiento de residentes permanentes, el exceso de turismo y la competencia desleal”, según explica el Parlamento Europeo en una nota de prensa.

Ahora bien, aunque se adopten estas medidas para frenar el efecto del alquiler turístico en los precios de la vivienda, la cuestión es que en un informe sobre la política de vivienda de los Estados miembros se deja claro que “la UE no tiene competencias para legislar en materia de vivienda” después de interpretar que no puede financiar proyectos de vivienda, pero que “a medida que las políticas de vivienda se van integrando a otras estrategias, como la regeneración urbana, se hacen más compatibles con los objetivos de los programas de la UE”.

La Unión Europea, además, tiene dos instrumentos más para impulsar legislaciones que puedan ir más allá. El primero es la Iniciativa Ciudadana Europea, con la cual, como especifica el nombre, las personas de los Estados miembro pueden recoger firmas para impulsar una legislación sobre un tema concreto. Se necesitan un mínimo de un millón de apoyos repartidos entre un mínimo de siete países para que se estudie la propuesta y, en un plazo de seis meses, la Comisión tiene que responder con los motivos por los cuales propondrá o no nueva legislación basada en la propuesta. Actualmente, una de las diez iniciativas que está en marcha es “Mi voz, mi decisión”, que reclama un acceso al aborto seguro y accesible en todo Europa.

El segundo es la función especial que se reserva en la UE en algunos ámbitos y que le permiten ir más allá del que se establece a los Tratados, como por ejemplo en coordinación de políticas económicas y de empleo, en política exterior y seguridad o con la “cláusula de flexibilidad” con la cual puede intervenir, con unas condiciones muy concretas, fuera de los ámbitos de actuación establecidos.

Esta cláusula se prevé en el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En él se establece que será posible aplicar este procedimiento legislativo especial “en el ámbito de las políticas definidas por los tratados”. Según explica Joan Solanes, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), “estos objetivos son muy generales” y permiten incluir un amplio abanico de políticas.

La capacidad extraordinaria para legislar tiene un procedimiento concreto. La Comisión tiene que proponer la normativa, que tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo y se tiene que notificar en las cámaras legislativas nacionales. Finalmente, el Consejo, que representa los estados miembros, lo tiene que apoyar por unanimidad. Este consenso es necesario porque “cuando se utiliza la cláusula de flexibilidad se está actuando en ámbitos que son competencia de los estados miembros”, como indica Solanes.

El profesor también añade que este procedimiento “ha sido importante” en temas como “la protección del medio ambiente o la protección de los consumidores”, sobre todo antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 2009. Actualmente, pero, “ya no tiene tanto recorrido” porque el nuevo Tratado define con más detalle los ámbitos competenciales de la Unión Europea.

¿Quién hace las leyes en la Unión Europea?

Es habitual pensar que la iniciativa legislativa en la Unión Europea viene del Parlamento Europeo, como pasa tanto en el Congreso de los Diputados español como en los parlamentos autonómicos, pero en realidad es la Comisión Europea quién la tiene. Las normativas que se impulsan tienen que pasar y aprobarse tanto por el Parlamento como por el Consejo, que harán aportaciones en el texto.

En la práctica, y para simplificar el largo proceso legislativo, el 90% de las iniciativas se aprueban en primera lectura gracias a las “negociaciones interinstitucionales”, conocidas como “diálogos a tres”. Una vez las tres instituciones han adoptado su posición sobre una materia, representantes de cada una de ellas se encuentran en reuniones informales para pactar un texto conjunto que pueda ser ratificado por el Parlamento y el Consejo.