Qué dice (y qué no) el informe de Societat Civil Catalana sobre la inversión del Estado en Cataluña
Un estudio sobre la inversión del Estado por comunidades autónomas saca conclusiones utilizando solamente datos absolutos sobre el sector público empresarial y fundacional.
¿Qué se ha dicho?
Un informe de Sociedad Civil Catalana (SCC) afirma que “Cataluña es la comunidad autónoma que recibe más inversión ejecutada por el Estado”.
¿Qué sabemos?
El dato que presenta es una cifra absoluta que no tiene en cuenta los habitantes de cada comunidad autónoma. Además, la inversión del Estado incluye varias partidas y los expertos discrepan sobre si el cálculo de SCC refleja de manera precisa la inversión del Gobierno en Cataluña.
Societat Civil Catalana (SCC) publicó el pasado 15 de junio un informe sobre las inversiones del Estado en Cataluña, cuya tesis principal, compartida en redes sociales y difundida en algunos medios de comunicación, es que “Cataluña es la comunidad autónoma que recibe más inversión ejecutada por el Estado”. Sin embargo, el dato que presenta es una cifra absoluta que no tiene en cuenta los habitantes de cada comunidad autónoma. Además, la inversión del Estado incluye varias partidas y los expertos discrepan sobre si el cálculo de SCC refleja de manera precisa la inversión del Gobierno en Cataluña.
"Cataluña es la comunidad autónoma que recibe más inversión ejecutada por el Estado"
Societat Civil Catalana
Aunque se refiera constantemente a la inversión del Estado en Cataluña, SCC únicamente incluye en su informe las inversiones del sector público empresarial y fundacional (Adif, Renfe Operadora, ENAIRE o Puertos del Estado, entre otros), que representan solo el 37,6% del total de inversiones del Estado en las comunidades autónomas (CCAA), según el Ministerio de Hacienda. En este ámbito, y en términos absolutos, Cataluña es efectivamente la comunidad que más inversión ha recibido. Los expertos apuntan, sin embargo, que el cálculo correcto sería el de las inversiones per cápita, que baja a Cataluña a la séptima posición, por detrás de Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, País Vasco y las islas Baleares, según los datos de distribución territorial de la inversión del Sector Público Estatal de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, la misma fuente que usa SCC para hacer sus cálculos).
“Hablar de cifras en términos absolutos, sin tener en cuenta las grandes diferencias de tamaño entre las comunidades autónomas, puede llevar a conclusiones equivocadas”, apunta Marcos Fernández, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria. “Las cifras absolutas en sí mismas dicen poco, es necesario referirlas a una magnitud que dé un sentido de proporción”, explica Josep Reyner, presidente de la Comisión de Economía Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Diferentes cálculos, diferentes resultados
Para ver que SCC solo tiene en cuenta las inversiones del sector público y empresarial, hay que consultar la fuente que aparece citada en el pie de los gráficos y las tablas, donde especifica que se trata de la “ejecución de inversiones reales del sector público empresarial por CCAA”. Sin embargo, en general, el documento parece referirse al total de la inversión y en ningún momento detalla el dato en función de la población (Cataluña es, por detrás de Andalucía, la segunda comunidad más poblada de España).
Sobre el total de inversiones del Estado entre 2015 y 2021 (el periodo que analiza SCC en su informe), Cataluña es el cuarto territorio más beneficiado. Ajustando por la población, Cataluña se sitúa en decimotercera posición en inversión por habitante.
El Estado invirtió en Cataluña un total de 5.553 millones de euros entre 2015 y 2021. Con esta cifra, Cataluña se coloca como la cuarta comunidad que más ha recibido en términos absolutos, por detrás de Madrid (8.682 millones de euros), Andalucía (6.869 millones) y Castilla y León (6.233 millones). El top 5 lo cierra Galicia, con 5.418 millones.
Sin embargo, con 727,9 euros/persona, Cataluña es la decimotercera comunidad en inversión del Estado per cápita en el periodo 2015-2021. El ranking lo encabezan Castilla y León (2.576,95 euros), Galicia (2.000,59 euros) y Aragón (1.998,58 euros). Cataluña, que está solo por encima de Navarra, Canarias, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, ha recibido 3,5 veces menos inversiones por habitante que Castilla y León.
La discusión sobre las partidas relevantes
“La intervención pública estatal puede llevarse a cabo por la propia administración a través de los ministerios o a través de entes instrumentales”, explica a Verificat Ramon Galindo, profesor de Derecho Administrativo en la Universitat Oberta de Catalunya. El sector público empresarial y fundacional, la partida que tiene en cuenta SCC para sus cálculos, forma parte del segundo grupo y en 2021 incluyó tanto en Cataluña como en Madrid las inversiones de, por ejemplo, Renfe, Adif, ENAIRE, Puertos del Estado, la Corporación de Radio y Televisión Española o la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cataluña también recibió inversiones del Centro Intermodal de Logística (CILSA) y del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, según el documento de la IGAE.
Contactado por Verificat, el departamento de prensa de Societat Civil Catalana justifica que el estudio “analiza las inversiones del sector público empresarial y fundacional porque ahí está el grueso de la inversión pública que afecta a las competencias homogéneas (las mismas) entre comunidades autónomas”. Consideran que “son los únicos datos de inversión pública comparables”.
Sin embargo, no hay consenso entre los expertos consultados por Verificat a la hora de evaluar si esas partidas son o no las más representativas. Joan-Ramon Rovira, jefe del Gabinete de Estudios Económicos y de Infraestructuras de la Cambra de Comerç de Barcelona, apunta que “toda [la inversión] es significativa”. Josep Reyner arguye que “las competencias de las comunidades autónomas no tienen nada que ver respecto a las inversiones que hace la administración central”, “Es una decisión discrecional del mismo Estado invertir en una determinada obra pública en lugar de otra”, añade el experto.
El sector público empresarial y fundacional “representa en el período 2015-2021 solo el 37,6% de la inversión pública total”, señala Josep Reyner, que defiende que “es igual de inversión pública la que realiza una empresa del Estado que la que realiza un organismo autónomo o un ministerio”.
No obstante, María Jesús Delgado, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, considera adecuada la comparativa que hace SCC y sostiene que “el dato más importante” es el del sector público empresarial. Defiende que las infraestructuras son “el tronco fundamental de las inversiones”.
En este sentido, Delgado traza una diferenciación: “Cuando queremos hablar de inversión pública, lo asociamos a infraestructuras”, pero hay otro tipo de inversiones que “están relacionadas con el desarrollo de la Administración pública en sí misma”, como nuevos edificios para ofrecer determinados servicios públicos. Para la experta, “tiene más sentido centrarse en las infraestructuras”, ya que son “una contribución directa al crecimiento económico”.
Marcos Fernández coincide en que las cifras de inversiones del sector público empresarial y fundacional son las “más relevantes” y apunta que “analizar solo el sector público empresarial permite comparar manzanas con manzanas”. También considera que SCC “utiliza datos que son ciertos para sacar unas determinadas conclusiones” y que, “sin embargo, también omite otros datos u otros cálculos que podrían llevar a otras conclusiones diferentes”.
“Se podrían hacer dos comparativas (en términos per cápita): una solo para el sector público empresarial y la otra sumándolo todo”, concluye.
La distribución de competencias
Una de las cuestiones que determina la comparación de la inversión del Estado en las comunidades autónomas son las competencias que asume cada una. “Las competencias sustancialmente diferentes en Cataluña, el País Vasco y Navarra (en diferentes grados) respecto al resto de comunidades son básicamente en policía (Interior) y Justicia”, señala Germà Bel, doctor en Economía de la Universitat de Barcelona. Interior, añade, “tiene competencias de fronteras” y continúa teniendo policía en Cataluña. Bel arguye que “se podría justificar que no se cuente [la inversión del Ministerio de] Justicia y se cuente una parte de Interior”, pero “el resto de ministerios sí son comparables porque el resto de competencias son homogéneas”.
En la misma línea se expresa Joan-Ramon Rovira, que señala que “hay muchas inversiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que son competencias homogéneas y las hacen los ministerios”. Estas no se tienen en cuenta en el informe de SCC. “¿Las de Defensa no las contamos? ¿Y las autovías del Ministerio de Transportes?”, se pregunta Bel. “Los ministerios hacen inversiones en aquello que tienen competencias en todo el territorio”, apunta.
Un ejemplo. Los tres ministerios que mencionan los expertos invirtieron solo en 2021 un total de 2.842 millones en el conjunto del Estado (en todas comunidades autónomas). Y esta es una inversión que el informe de Societat Civil Catalana no tiene en cuenta.
La comparación de la procedencia de las inversiones en las comunidades autónomas también revela grandes diferencias. Si atendemos a la inversión per cápita, Cataluña es una de las nueve comunidades en las que el sector público empresarial representa más de la mitad de las inversiones. Si nos fijamos solo en la inversión de los ministerios, Cataluña es el cuarto territorio que recibe menos inversión por habitante.
Para entender el hecho de que en algunas comunidades el sector público empresarial sea el responsable de la gran mayoría de inversiones, Germà Bel apunta que hay tres segmentos grandes del sector público empresarial: Puertos y Aeropuertos del Estado, Adif y Renfe. Las comunidades que tengan puertos, aeropuertos e infraestructuras ferroviarias importantes recibirán más inversiones atribuidas al sector público empresarial. Joan-Ramon Rovira añade que, a grandes rasgos, “el sector público empresarial concentra los grandes proyectos de infraestructuras”, mientras que “las inversiones que no son de esta magnitud, en general, las asumen los ministerios”.