España en los tribunales europeos: ¿cuántas condenas tiene y qué dicen del ‘procés’?

Un tema recurrente en el debate político catalán gira alrededor de la justicia europea y de su papel respecto a las decisiones de los tribunales españoles. Se refirió, por ejemplo, la nueva número 2 de Ciutadans a las elecciones del 14F, Anna Grau, el sábado en una entrevista en  FAQS de TV3 (en el minuto 2:42), donde comparó las condenas que recibieron España y Bélgica en 2019 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero no es la única. También había hablado hace tres meses el entonces presidente de la Generalitat Quim Torra, en una declaración institucional después de comparecer en el Tribunal Supremo (en el minuto 6:15). 

 “El TEDH que, por ejemplo, ha emitido seis condenas contra el estado belga, tres contra el estado español, cuando hay un desnivel de población bastante importante”

Anna Grau, numero de 2 de Ciutadans el 14F

 España “no supera ninguna prueba de resistencia cuando tiene que dar cuentas a Europa, que está siendo derrotada en los tribunales europeos cada vez que quiere coger unos atajos impropios a que ya nos tiene acostumbrados”

Quim Torra, expresident de la Generalitat

Las declaraciones sobre la relación de la justicia europea y española acostumbran a proliferar en Catalunya cuando los tribunales comunitarios o países miembro se pronuncian sobre casos relacionados con el proceso independentista. Hemos revisado los datos del TEDH y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se pronuncia sobre el cumplimiento de la normativa europea por parte de los Estados miembro, para saber cuál es la situación de España y hemos repasado los casos relacionados con el independentismo. 

El procés en Europa 

Desde que el Tribunal Supremo (TS) inició la causa del procés en octubre de 2017, la justicia europea solo ha emitido una sentencia. El TJUE dictó el 19 de diciembre de 2019 que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tenía inmunidad como eurodiputado desde que se proclamaron en junio de aquel año los resultados de las elecciones en el Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo. Según la sentencia, el TS tenía que haber puesto en libertad Junqueras, entonces en prisión preventiva, y dejarlo recoger su acta de eurodiputado en Estrasburgo. El TJUE también señaló que si la justicia española consideraba que había riesgo de fuga, tendría que haber solicitado de manera inmediata un suplicatorio, la autorización judicial que emite un país para pedir permiso en una cámara para enjuiciar uno de sus miembros.

El tribunal europeo, pero, no se pronunció sobre la sentencia de 13 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación que pesa sobre Junqueras desde octubre de 2019. La justicia española indicó en respuesta que la condena era firme y, en consecuencia, la Eurocámara retiró a Junqueras su acta en enero del año pasado. El líder de ERC anunció que llevaría el caso ante el TEDH.

El dictamen del TJUE permitió que el expresident de la Generalitat y número uno en la lista para las próximas elecciones catalanas de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, así como el ex conseller de Salud, Toni Comín, se convirtieran en eurodiputados. La decisión judicial estableció que la inmunidad de los europarlamentarios rige desde el momento en que se proclaman los resultados electorales, sin tener que volver a España para cumplir con las normas de la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución,. Ambos, instalados en Bélgica desde noviembre de 2017, recogieron sus acreditaciones el 6 de enero del año pasado.

Euroórdenes

Las euroórdenes de detención contra políticos catalanes han supuesto un gran dolor de cabeza para la justicia española, que ha visto como los sistemas judiciales de otros países europeos interpretan hechos y delitos de una manera diferente. El juez del Supremo Pablo Llarena emitió euroórdenes que involucraban a Bélgica, Suiza y Reino Unido, donde se trasladaron Puigdemont, Comín, Meritxell Serret (ERC) y Lluís Puig (JxCat), Anna Gabriel (CUP) y Marta Rovira (ERC), y Clara Ponsatí (JxCat) respectivamente después de la declaración de independencia unilateral de Catalunya, pero los sistemas judiciales de otros países europeos interpretan hechos y delitos de una manera diferente.

La carencia de un equivalente claro al delito de sedición en otros países europeos y la posibilidad de que algunos tribunales rechazaran las euroórdenes llevó al magistrado a retirarlas en diciembre de 2017.

La reactivación de las euroórdenes en marzo de 2018 dio pie a la detención de Puigdemont en Alemania, cuando volvía a Bélgica en coche desde Finlandia. El código penal alemán no contempla el delito de rebelión como tal, pero castiga la alta traición con entre 10 años de prisión y cadena perpetúa. El estado de Schleswig-Holstein, donde fue arrestado, aceptó extraditarlo por malversación, pero Llarena rehusó juzgarlo solo por desvíos de fondos públicos y retiró entonces todas las euroórdenes.

Los siguientes intentos del juez para conseguir la extradición de algunos políticos catalanes tampoco han dado hasta ahora el resultado que el magistrado esperaba. Por un lado, la justicia española reclamó paralizar las euroórdenes a la espera que la Eurocámara emita una decisión sobre la petición de retirada de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí,. Los tres declararán el jueves 14 de enero ante la comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo. En el caso de Ponsatí, Llarena reconoció en febrero de 2020 su estatus de eurodiputada, pero pidió en el Reino Unido seguir tramitando la euroorden al considerar que perdería la inmunidad una vez ejecutado el Brexit.

Por otro lado, la justicia belga rechazó la extradición el 8 de enero de este año del ex consejero de Cultura Lluís Puig por presunta malversación del referéndum del 1 de octubre de 2017. A raíz de esta decisión, Carles Puigdemont valoró en una entrevista en Els matins de TV3 (en el minuto 11:15) que la posición del gobierno de Pedro Sánchez respecto de el procés es una “grave vulneración de derechos fundamentales” que “afecta muy negativamente la reputación de la justicia española e incluso de la propia democracia española”, un hecho no verificable basado en la opinión de Puigdemont, pero que se puede poner en contexto con los datos sobre condenas del TEDH en España y del resto de países miembro.

“[La sentencia sobre la euroorden de Lluís Puig] permite y tendría que permitir a las autoridades españolas en su conjunto –por eso quisimos hacer la apelación directa al presidente [del gobierno español Pedro] Sánchez– que rectifiquen este grave error, esta grave vulneración de derechos fundamentales que afecta muy negativamente la reputación de la justicia española e incluso de la propia democracia española”

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y número uno en la lista de JxCat el 14F

65 condenas por derechos humanos en 10 años

Los datos del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos señalan España como uno de los países comunitarios con menos resoluciones en contra. Estrasburgo admitió en 2019 a trámite seis casos contra España, de los cuales emitió cuatro sentencias: en tres ocasiones detectó la violación de algún derecho y en la cuarta, ninguna. Así pues, tal como afirmó Anna Grau, España se consideró culpable en tres ocasiones, una cifra muy inferior a la media europea, que es de 16,8. Eliminando los casos de Rusia, Ucrania, Turquía y Rumanía (con 186, 109, 96 y 56 condenas cada una respectivamente), la media europea baja a 8, casi el triple que en España. Italia y Francia tienen 13, Grecia 23, Portugal, 8 y Bélgica, 6. De las tres condenas en España, dos fueron para vulnerar el derecho a un juicio justo y una por una violación a la privacidad.

Si cogemos la serie temporal de 2010 a 2019, la tendencia es similar. En estos diez años, España ha recibido 65 sentencias condenatorias del TEDH, por debajo de las 187,7 de media y de las 101,2 de media sin contabilizar los cuatro países con más condenas.

Teniendo en cuenta la población de cada estado, entre e 2010 y e 2019, España registró, de media, 1,69 sentencias condenatorias por cada diez millones de habitantes, una cifra que la sitúa entre los países menos condenados del continente, junto con los Países Bajos, Alemania, el Reino Unido y Dinamarca, que cierran la lista.

En esta línea, el informe España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos, publicado por el Consejo General del Poder Judicial el junio de 2018, destacaba que España se situaba en el periodo 2013-2017 “entre los países con menos reclamaciones y condenas a los tribunales europeos”.

Si desglosamos las sentencias condenatorias de España en función de las vulneraciones, constatamos que 28 de estas fueron del derecho a un juicio justo, once del derecho al respeto por la vida privada y familiar y seis de la libertad de expresión. También se incluyen nueve ocasiones en que faltó una investigación efectiva y cinco sobre la duración de procedimiento.

Nueve incumplimientos del derecho europeo en cuatro años

En cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre 2015 y 2019, la Comisión Europea presentó veinte recursos contra España, el país que más causas ha acumulado en este tribunal en los últimos cinco años, seguido de Alemania (con dieciséis) y de Italia (con quince), de acuerdo con los datos del TJUE (en la página 171). Sin embargo, España ha acabado este periodo con diez sentencias (hay que tener en cuenta que los asuntos conexos se acumulan y que, por lo tanto, una serie de temas acumulados acontecen un asunto y, consecuentemente, una sentencia). De estas 10 sentencias, 9 eran estimatorias (a favor de la Comisión Europea y contrarias en España) y una desestimatoria (en la página 177 del mismo informe). Grecia ha sido condenada en 18 ocasiones, Alemania, en 13 e Italia, en 10.

237 requerimientos prejudiciales

Otro procedimiento que compite al TJUE es el “requerimiento prejudicial”, según el cual cualquier tribunal de un Estado miembro le puede solicitar información sobre como aplicar la normativa comunitaria. Los requerimientos se convierten en referentes para otros países y no implican que haya habido un incumplimiento por parte del Estado miembro en cuestión. En esta categoría (disponible en la página 170 del Informe anual de 2019), los tribunales españoles plantearon 237 cuestiones prejudiciales de 2015 a 2019, hecho que sitúa España también en tercera posición, por detrás de Alemania (504) y de Italia (304). 

Este fue el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo, que trasladó una cuestión prejudicial al TJUE sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Junqueras en relación con un permiso penitenciario extraordinario que había pedido para cumplir los trámites como eurodiputado en el Parlamento Europeo. El TJUE sentenció que la justicia española tendría que haber permitido a Junqueras acceder a la condición de eurodiputado, pero la respuesta llegó cuando la condena al exvicepresident de la Generalitat ya era firme.

#TJUE : una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades derivadas de tal condición + PRESS RELEASE #Junqueras https://t.co/0b08fa4nB4 pic.twitter.com/9si9E3WdYO

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 19, 2019